El Consell tarda siete meses en pagar el bono residencia a 2.400 usuarios

Hasta finales de julio, unos 2.400 mayores a los que Bienestar Social les había concedido el bono residencia no habían cobrado ni un euro. La Generalitat no ha podido saldar esta deuda hasta que a finales del mes pasado inyectó 7,9 millones de euros a la partida destinada a este gasto. Fuentes del sector denuncian que el retraso en el pago ha hecho que algunos mayores hayan tenido que pedir créditos para hacer frente al pago de su residencia.

"Este sistema [de ayudas] no puede ser más obsoleto", indica Nuria Espí

La Generalitat publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del día 21 de julio la modificación de crédito de la partida destinada a pagar el bono residencia. Como suele suceder todos los años, la cantidad inicial de este presupuesto dotada de 19,1 millones de euros resultó insuficiente para pagar a todos los mayores a los que la consejería de Bienestar Social concedió esta ayuda. Unas 2.400 personas, como admitió el departamento que dirige Alicia de Miguel en mayo, se quedaron sin percibir estas ayudas -que ya tenían concedidas-, hasta que a finales del mes pasado se aumentó la partida hasta los 27,1 millones de euros, es decir, 7,9 millones más de los inicialmente destinados, con lo que se ha podido cubrir a todos los beneficiarios.

El bono fue una fórmula ideada en 1996 para paliar la falta de residencias públicas de forma que la Generalitat se comprometía a conceder unas ayudas a los beneficiarios escogidos -limitados siempre a las disposiciones presupuestarias- para que los usuarios pudieran elegir el centro concertado que desearan. Así, junto a resolver la escasez de plazas, se trataba de dar un impulso al mercado privado facilitando a las personas con pocos ingresos el poder acceder a estos centros.

Esta ayuda pública no representa la totalidad del coste de la plaza. Se trata de un suplemento variable que se suma a la pensión del beneficiario y a las aportaciones que realizan sus familiares en función de la renta, para complementar el coste total de una plaza privada. La suma parte de unos 100 euros y puede rebasar los 500.

De esta forma, 2.400 personas con la ayuda concedida han estado casi siete meses alojados en una residencia acogida a este modelo sin poder pagarla. En el caso de los grandes grupos empresariales con capacidad de aguantar meses sin percibir ingresos por las habitaciones ocupadas, la situación, aunque complicada, era soportable. Sin embargo, la cosa cambia en las pequeñas residencias sin colchón financiero para absorber el golpe ni recursos para hacer frente a un paréntesis tan largo en el cobro a sus clientes. En algunos de estos casos, como apuntan fuentes del sector, los mayores han tenido que solicitar créditos de entidades bancarias para adelantar el dinero a los centros en los que residen a la espera de percibir los fondos por parte de la consejería de Bienestar Social. Unas ayudas que no contemplan los intereses que les cobrarán los bancos que les hayan prestado el dinero.

La diputada socialista, Nuria Espí, censuró el retraso en el pago a personas que, recuerda, "tienen la ayuda concedida el año 2005". Además indicó que esta demora implica que "de toda la gente que ha solicitado las ayudas a lo largo de este año, no se le ha ratificado a nadie, ya que antes de conceder nuevas ayudas se han de pagar las que ya están reconocidas, lo que acaba de suceder". El proceso administrativo de reconocimiento de las ayudas es tan largo que fuentes de UGT señalan que puede tardar hasta dos años.

Para la responsable de la política social del PSPV, "este sistema [de concesión de subvenciones] no puede ser más obsoleto". Espí se refiere a la necesidad de renovar anualmente las ayudas a las personas, en lugar de articular un sistema que, tras el reconocimiento inicial al derecho a percibirlas, se articule una fórmula para renovar la ayuda de forma más rápida y sin el procedimiento administrativo actual, "que además, se queda corto presupuestariamente año tras año".

La responsable socialista mostró su confianza en que con la ley del Sistema Nacional de la Dependencia impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el modelo mejore. También recordó que el año pasado, el Gobierno estatal ha concedido 50 millones de euros como parte de un presupuesto extraordinario para que la Generalitat destine fondos para atender problemas de dependencia "lo que en principio debería servir para aligerar la tramitación del bono residencia". Además, comentó que para este año, la suma prevista que percibirá la Comunidad Valenciana es de 200 millones de euros y algo más en 2007, en el que el 1 de enero está previsto que entre en vigor la ley.