El uso del euskera en los tribunales vascos ha retrocedido en los últimos cinco años
Las intervenciones orales y escritas caen de las 2.943 del 2000 a las 1.252 del año pasado
El uso del euskera en los tribunales vascos no pasa por su mejor momento. Las memorias del Tribunal Superior de Justicia vasco revelan que desde hace cinco años las intervenciones orales y escritas en euskera de los servicios de traducción han caído de las 2.943 iniciales a las 1.252 registradas el pasado año. Sólo es un botón de muestra de cómo el pronóstico realizado en abril de 2000 por el anterior presidente del alto tribunal, Manuel María Zorrilla, sobre la normalización del uso del euskera en la Administración de justicia no se ha hecho realidad. Zorrilla veía entonces un "diligente proceso de normalización" frente a las "pretensiones rupturistas" de los que alentaban falsas polémicas, en alusión al sindicato de abogados euskaldunes.
En esta ocasión no ha sido la campaña coactiva de aquel sindicato de abogados -que en 1998 amenazó con "marcar" a seis magistrados por "vulnerar" los derechos fundamentales de los vascoparlantes- lo que ha situado de nuevo en el debate el uso del euskera en la justicia.
Dos noticias de signo muy distinto han puesto de manifiesto la larga y lenta marcha hacia la normalización lingüística en las salas de vistas y en los juzgados de la comunidad autónoma. Por un lado, la condena de seis meses impuesta en mayo pasado a una persona que pretendía declarar en euskera en un juicio; y por otro, la decisión, también el mismo mes de mayo, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de renunciar a tener un miembro en la Comisión Interinstitucional del Euskera, organismo creado en 1997, tras unas jornadas sobre el uso del euskera en la Administración de Justicia, con el objetivo de avanzar en una normalización que no termina de arrancar.
Discriminación
La primera noticia fue considerada por el Gobierno vasco como "difícilmente entendible", en palabras de su portavoz, Miren Azkarate, quien recordó que el ordenamiento legal se establece el derecho de los ciudadanos a comunicarse en ambas lenguas y que nadie podrá ser "discriminado en función de la lengua". Por ello, agregó, "difícilmente se entiende que la Justicia no atienda" a lo que la propia Constitución establece sobre este asunto.
La decisión del alto tribunal vasco de abandonar la Comisión Interinstitucional del Euskera contó con la oposición de los tres representantes de la asociación progresista y minoritaria, Jueces para la Democracia. En dicha comisión, además del representante que correspondería a la Sala de Gobierno, figuran el Departamento de Justicia, las asociaciones de jueces, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), los sindicatos, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Vasco de la Abogacía.
La mayoría de la Sala de Gobierno consideró que la comisión mixta interinstitucional, en que participan miembros del tribunal y de la consejería de Justicia, resulta el "marco más adecuado para analizar todos los temas lingüísticos", según el acuerdo.
El voto particular que presentó el miembro de Jueces para la Democracia Edmundo Achútegui, y al que se sumaron los otros dos miembros de la asociación progresista, señalaba que ambas foros no eran excluyentes. Y recordaba que la normalización del euskera "no atañe en exclusiva" a la consejería y a la Sala de Gobierno, sino que hay otros colectivos e instituciones implicados (fiscales, secretarios, forenses, funcionarios, IVAP, asociaciones de jueces, sindicatos, etc). "Pretender que la normalización del euskera sea objeto de discusión sólo en la comisión mixta es absurdo y revela escasa sensibilidad en la apuesta por la normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia", añadían.
En 1997, año en el que se celebraron la jornadas tras las que se creó la citada comisión interinstitucional, el 76% de los funcionarios de la Administración de Justicia mostraba interés por estudiar euskera. Entonces el 17% de los jueces y magistrados, el 15% de secretarios, fiscales y cuerpos nacionales no transferidos, así como el 23% del funcionariado transferido se hallaban en proceso de euskaldunización. A día de hoy, el número de jueces y magistrados con un conocimiento real de euskera sigue siendo muy bajo. Si en 1999, sólo 13 de los 180 jueces (el 7,2%) podían dirigir una vista en euskera, hoy se mantiene el mismo nivel o se ha empeorado, dado el crecimiento de la plantilla judicial. En 2000 sólo un juez consiguió el reconocimiento de mérito por el conocimiento del euskera, lo que elevaba esa cifra a un total de cinco en las tres provincias, según el Poder Judicial La plantilla actual en el País Vasco es de 208 jueces, 80 fiscales, 167 secretarios y 237 jueces de paz, según datos oficiales facilitados por el Gobierno vasco.
Sólo 13 jueces de paz
El anterior presidente del Superior vasco, Manuel María Zorrilla, consideró en mayo de 1998 que el asunto de la euskaldunización en la justicia era "inaplazable", aunque de "solución gradual y diferida". Ocho años después, sólo un total de 33 jueces y magistrados han solicitado cursos de euskera para 2006-07 (14 por el sistema de autoaprendizaje). Entre los fiscales, son 10 los que lo han solicitado (ocho por autoaprendizaje); y en el caso de los secretarios judiciales, un total de 47 (20 de ellos por autoaprendizaje). El interés por aprender euskera en el caso de los jueces de paz es inexistente: de los 237 jueces de paz, sólo 13 han solicitado un curso. Todos estos son datos oficiales facilitados por el Departamento de Justicia que dirige Joseba Azkarraga (EA), que tiene pendiente aún la publicación de un estudio encargado el pasado año sobre el la euskaldunización en la Administración de Justicia en Euskadi.
Existe el problema añadido de que el grueso de los que han dado el paso para aprender euskera está estudiando en niveles inferiores al nivel ocho, muy por debajo de los 11 existentes o del EGA y del perfil lingüístico 4. De esta manera, la gradualidad a la que se refería el ex presidente Zorrilla puede convertirse en "eternidad", según señalan sectores judiciales que ven con poco optimismo el proceso de euskaldunización en la justicia.
Una encuesta reciente del Consejo General del Poder Judicial revelaba que casi el 40% de los jueces destinados en el País Vasco decía que el euskera "ha supuesto alguna vez algún problema" en su trabajo. La misma encuesta apuntaba que el euskera es el idioma cooficial menos conocido por los jueces, que se muestran más desenvueltos en el uso del catalán y del valenciano.
En plena declaración de guerra por parte del sindicato de abogados euskaldunes (1998), tanto la Sala de Gobierno del alto tribunal como el Consejo Vasco de la Abogacía, consideraron "absolutamente inadmisible" la escasa euskaldunización de la justicia. En enero de 2004, para valorar la aplicación de la carta europea de lenguas regionales y minoritarias en relación al euskera en el ámbito de la justicia, el Colegio de Abogados de Vizcaya emitió un documento en el que se subrayaba el "incumplimiento sistemático de la cooficialidad". Y añadía que, mientras no exista un "número adecuado" de abogados, jueces, fiscales, secretarios, oficiales y peritos que sepan euskera, "resultará inaplicable" la legislación que debe garantizar los derechos recogidos en la Carta europea.
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