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Editorial:

Toledo y Seseña

El presidente de Castilla-La Mancha anunció ayer dos decisiones de su Gobierno sobre preocupantes cuestiones urbanísticas. La paralización de la urbanización de los terrenos de la vega de Toledo donde se han descubierto importantísimos restos visigodos no admite discusión. No podía ser de otra manera, y el hecho de que no se consume el disparate urbanístico no se le debe precisamente a la Administración autonómica ni al Ayuntamiento de Toledo, principal beneficiario de unos cambalaches que habrían llevado a la desaparición de los yacimientos si no es por la oposición de la sociedad civil y en especial de la Real Fundación Toledo. Produce vértigo que a estas alturas una ciudad declarada patrimonio de la humanidad corra el riesgo de perder bajo una urbanización los restos visigodos mejor conservados de Europa, y demuestra la necesidad de extremar el control ante la voracidad de constructores y administraciones locales.

Pero Barreda anunció ayer otra decisión, después de su larga entrevista en La Moncloa con Rodríguez Zapatero: la aprobación con el máximo beneplácito de la macrourbanización de la localidad de Seseña, cuya tramitación ha calificado sorprendentemente de "impecable". El actual alcalde, de IU, ha denunciado el caso a la Fiscalía Anticorrupción y ésta ha abierto diligencias. Los trámites de la urbanización se aprobaron con una celeridad que envidiaría cualquier ciudadano; el Ayuntamiento, con un alcalde del PSOE, ni siquiera dejaba cumplir los plazos de exposición pública en beneficio del promotor; el constructor compró el suelo rústico 14 días antes de la recalificación, con lo que hizo un negocio redondo; y la misma mañana en la que se aprobó el pleno, el entonces alcalde, José Luis Martín, dijo que la Junta de Castilla-La Mancha le había dicho ese mismo día que podía aprobar la recalificación. Todo para construir 13.508 viviendas -ninguna de protección oficial- en bloques de 10 plantas, en un secarral junto a un pueblo de 7.000 habitantes y con problemas de agua acuciantes.

El modelo de urbanismo es el mismo que ha criticado con acierto el Gobierno en comunidades gobernadas por el PP como Valencia, Murcia o Madrid: recalificaciones rápidas, pelotazo y dinero público de las inversiones en infraestructuras para beneficio privado. En este caso, el Gobierno y la Junta de Castilla-La Mancha gastarán 98 millones de euros para que en la comarca de la Sagra, en la que está Seseña, haya acomodo para 800.000 personas, algo que supondría triplicar la población. Mientras, las viviendas comenzarán a ocuparse en 2007 y entre todos tendremos que pagar carreteras, colegios, agua y hospitales. Los compradores han adquirido legalmente y nadie podrá negárselo. ¿Alguien habló de desarrollo sostenible?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de julio de 2006