Sin papeles en el censo

La población española no deja de crecer -ya somos 44,4 millones a principios de 2006, según el avance del padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística- y uno de los factores clave es la llegada de extranjeros: 3,88 millones, el 8,7% del total. De las cuentas del INE cabe deducir que el número de inmigrantes sin papeles o en situación irregular en España está en torno al millón de personas. El problema recurrente servirá sin duda al principal partido de la oposición para resucitar el conocido mensaje que incluye el efecto llamada como efecto pernicioso de la política permisiva de la regularización de inmigrantes y, como supuesto remedio, la repatriación de los sin papeles y la limitación de la entrada a aquellas personas que dispongan de un contrato de trabajo previo. Un plan que ya se intentó aplicar de forma esporádica por gobiernos anteriores con resultados ridículos.

La realidad desborda continuamente las construcciones de los sociólogos de laboratorio. El reclamo principal para la inmigración no es la regularización de inmigrantes que decide el Gobierno, sino la certeza de que existe en España una demanda de trabajadores que ejecuten determinadas tareas poco cualificadas. Es el flujo de mano de obra poco cualificada lo que se traduce en graves problemas de inmigración ilegal que afectan a varios países de la zona euro. Hoy, los más conscientes del problema se inclinan por la regularización controlada, matizada circunstancialmente por mensajes de dureza que se aplican durante algún tiempo para limitar las llegadas masivas de inmigrantes, pero cuyo rigor no puede mantenerse indefinidamente.

La lección principal de la inmigración sin papeles enseña que la presión de la demanda de mano de obra barata genera dificultades que sólo pueden resolverse de forma pragmática, es decir, con legalizaciones sucesivas de aquellas personas que demuestren su asentamiento económico y familiar en España. A falta de estadísticas globales, la presencia nutrida de trabajadores extranjeros tiene efectos beneficiosos para la economía. Ha permitido sostener el crecimiento, aunque sobre un modelo de baja productividad, ha contribuido modestamente al control relativo de la inflación con salarios bajos en segmentos productivos de baja cualificación y ha reforzado la afiliación a la Seguridad Social. Las contrapartidas evidentes -como el mayor consumo de recursos públicos en educación y sanidad- serían razón bien mezquina para justificar políticas de dureza o de olvido que acaban por convertirse en potencialmente explosivas.