El padrón municipal revela la existencia de un millón de extranjeros en situación irregular

En España viven 1.010.409 inmigrantes sin papeles. Ésa es la cifra resultante de cruzar el número de extranjeros no comunitarios empadronados, que ayer hizo público el Instituto Nacional de Estadística (INE), con los que tienen permiso o tarjeta de residencia, publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El PP, que ha hecho sus propias cuentas, rechaza esta estimación y eleva el número de indocumentados a 1,6 millones.

La diferencia entre la estimación de la Administración y la del PP reside en la aplicación, por primera vez este año, de una modificación de la Ley de Extranjería que el PP realizó en noviembre de 2003, cuando se hallaba al frente del Gobierno. El artículo 16 de esa ley pasó a establecer que "la inscripción [en el padrón municipal] sólo surtirá efecto (...) por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y en todo caso deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente".

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Dado que la modificación de la ley entró en vigor el 21 de diciembre de 2003, un mes después de su publicación, las primeras caducidades de las inscripciones de los extranjeros comenzaron a producirse el 22 de diciembre del año pasado. Es decir, que afectan por primera vez al padrón municipal de 2005, que acaba de hacer público el INE.

En virtud de esa norma, la Administración ha dado de baja a 492.952 inmigrantes que aparecían en el padrón del año anterior y que no han realizado la correspondiente renovación de su inscripción. En un comunicado publicado ayer, el INE considera que esos extranjeros "no han renovado su inscripción padronal por alguna de las siguientes causas: pueden haber salido de España durante los últimos años, puede que no hayan renovado por falta de información sobre la obligación legal de hacerlo, e incluso pudieran haberse inscrito indebidamente sin estar en el país".

Sea cual sea la causa de su ausencia, el hecho es que, tras esa resta, los inmigrantes -extranjeros no comunitarios- empadronados el pasado 1 de enero ascendían a 2.968.500, sólo 13.453 más que el año anterior, cuando todavía no podía aplicarse la modificación legal.

El número de inmigrantes con tarjeta o autorización de residencia en vigor era, en esa fecha, de 1.958.091, según los datos publicados el pasado enero por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La diferencia entre ambas magnitudes (empadronados menos documentados) es la estimación más aproximada que puede hacerse del número de sin papeles: 1.010.409.

Esa cifra es sensiblemente inferior a la de 1.650.006 obtenida hace un año por el mismo procedimiento. La diferencia (639.597 personas) coincide con las autorizaciones de residencia y trabajo concedidas por el Gobierno al término del proceso de normalización, que finalizó el 7 de mayo de 2005. Como ese proceso exigía hallarse empadronado animó a inscribirse en el padrón a miles de inmigrantes en situación irregular que hasta entonces habían rehusado hacerlo para no ser localizados por la policía.

Ni el PP ni el Gobierno están de acuerdo con los números resultantes, si bien por razones distintas. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, insiste en incluir en el cómputo de irregulares a los 492.952 eliminados en virtud de la ley que aprobó hace dos años y medio su propio Gobierno y, tras una serie de operaciones matemáticas, concluye que los sin papeles ascienden a 1.644.020. A partir de esa cifra, elabora su discurso político: el Gobierno debe "dar la cara" en Europa y reconocer la "política nefasta" que está llevando a cabo, en lugar de "ocultar la situación" con datos "puntuales e insignificantes". También anuncia que pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de la presidenta del INE, Carmen Alcaide, para que explique "el caos numérico de sus datos".

El Gobierno opina, por el contrario, que la cifra real de sin papeles en situación irregular es más baja que la que puede deducirse del cruce de los datos del INE con los del Ministerio de Trabajo, pues estos últimos no incluyen a muchos inmigrantes que no necesitan tarjeta ni permiso de residencia. En esta categoría se incluirían, según estimaciones del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) -dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración-, unas 315.000 personas: 250.000 cuya tarjeta o permiso de residencia se hayan en proceso de renovación, 30.000 estudiantes, 20.000 temporeros, 8.000 asilados y unos 7.000 trabajadores transfronterizos. Si fueran tenidas en cuenta, la cifra de sin papeles no superaría los 700.000.