Medio Ambiente encarga un informe a la UPV

"Me gustaría saber en qué va a beneficiar al desarrollo rural la explotación de una mina". Andrés Illana, portavoz de Ekologistak Martxan en Álava, se muestra indignado tras conocer el acuerdo que adoptó el órgano consultivo Landaberri.Los ecologistas se reunieron el pasado 29 de junio con la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, quien ese día mantuvo otro encuentro con el consejo de Ilarduia.

"Nos dijo que era un tema que le venía dado y que no podía modificar el PORN. Incluso nos instó a que acudiéramos a los tribunales. Me parece lamentable que esté deseando perder un juicio", señala Illana.

Medio Ambiente ha encargado este mes un informe hidrogeológico a la Universidad del País Vasco para disponer datos técnicos que corrobore la inviabilidad de la mina. Se prevé que esté concluido en un plazo de tres meses. "Se trata de tener la información más profunda y exhaustiva en el caso de que se presente un proyecto [de explotación], que además debe pasar antes una declaración de impacto ambiental, lo que es algo altamente improbable", señala un portavoz de la consejería.

¿Por qué no se vuelve entonces al inicial plan de ordenación? Medio Ambiente aduce que la modificación obligaría a retirar la catalogación de parque natural y "volver a unos trámites que durarían cuatro o cinco años". "Puede provocar un efecto peor", afirma. Los ecologistas, en cambio, abogan por una modificación del PORN, "porque, si no, vamos a ser el hazmerreír de Europa". "Será el primer parque natural que permita una mina, y encima en la zona de mayor protección", señala Illana, quien opina que este caso "demuestra que los planes de ordenación se hacen por imperativo legal, pero son poco técnicos y escasamente fiables".

Ekologistak Martxan solicitó en su reunión con Larrañaga la convocatoria de Naturzaintza, que la consejera anunció para septiembre. "Entonces pediremos quitar esos dos párrafos que se han incluido". Pero, mientras, los ecologistas no se han quedado quietos y han presentado una denuncia en los juzgados de lo ontencioso-administrativo y en septiembre contactarán con todos los grupos del Parlamento para que soliciten el cambio en el plan de ordenación de Aizkorri-Aratz.