Afectados por los derribos de chalés en Cantabria harán una marcha de protesta

Una asociación que agrupa a decenas de familias vizcaínas afectadas por las sentencias de derribo que penden sobre las viviendas que adquirieron en localidades de Cantabria ha organizado una marcha de protesta a Santander para reclamar la legalización de las urbanizaciones. La manifestación saldrá el domingo de la localidad cántabra de Argoños y concluirá el martes ante la sede del Gobierno regional.

La marcha está convocada por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA), de la que forman la mayor parte de los propietarios de las urbanizaciones declaradas ilegales en los municipios de Argoños, Arnuero, Piélago y Cuchia, en la costa de Cantabria. Con su iniciativa pretenden lanzar una llamada de "socorro", según indicó el presidente de la asociación Antonio Vilela, y seguir luchando por la legalización de las viviendas sobre las que pesa la amenaza de derribo.

En total son 17 promociones que agrupan a cerca de 350 viviendas entre pisos, adosados y chalés, que fueron declaradas ilegales en sucesivas sentencias judiciales por haber sido construidas en zona costera de interés natural o con irregularidades urbanísticas. La mayoría de las condenas fueron conseguidas por el grupo ecologista cántabro Arca, que en los años ochenta y noventa llevó ante la justicia la urbanización abusiva de la costa.

Los propietarios siguen argumentando que compraron sus viviendas de segunda residencia de buena y que no pueden ser los paganos de las ilegalidades cometidas por los promotores, los ayuntamientos y, en última instancia, el Gobierno de Cantabria. "Estamos pagando los incumplimientos de la Administración", afirma el presidente de AMA. Sin embargo, la inquietud de las familias va en aumento conforme van agotándose las posibilidades de recurrir las sentencias y se acerca el momento de que tengan que ejecutarse las órdenes de derribo decretadas por los tribunales. Vilela indicó que para octubre se ha fijado ya un derribo en Arnuero y para el año que viene otro en Argoños.

Los afectados mantienen que la legalización de las viviendas es la "mejor solución, la más justa, la más económica y la más social", porque "beneficia a todos y no perjudica a nadie". Su objetivo es conservar sus casas y no quieren oír hablar de opción de ser indemnizados por su pérdida a costa de los promotores y ayuntamientos condenados. Vilela apunta que, en el caso de Argoños, si el Ayuntamiento tiene que pagar las indemnizaciones que corresponderían por los derribos, "tendría que estar más de 20 sin presupuesto municipal". "Somos víctimas de esta situación, nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad", insiste el presidente de AMA.

La marcha a pie de protesta, bautizada Santander 2006, partirá el domingo a las 9.00 desde el Ayuntamiento de Argoños, con el objetivo de llegar el domingo a la capital de Cantabria. En Santander, los participantes irán en manifestación a la sede del Parlamento regional y, desde allí, hasta el Tribunal Superior de Justicia, para finalizar en el Gobierno de Cantabria, donde quieren reunirse con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio y Urbanismo.