El 'plan Merkel' anuncia tormenta

Los primeros grandes proyectos económicos de la gran coalición alemana entre socialdemócratas y democristianos -la reforma de la sanidad pública y la del impuesto de sociedades- amenazan con dar al traste con el Gobierno de la canciller Angela Merkel.

La reforma del sistema de salud ha inspirado los resultados más negativos en los sondeos de opinión desde que comenzara el mandato del actual Gobierno germano el pasado noviembre. En cuanto a la rebaja del impuesto de sociedades, que deberá aprobarse el año que viene para entrar en vigor en 2008, los partidos de izquierda -socialdemócratas incluidos- rechazan que se premie a las empresas mientras los consumidores se verán perjudicados por la subida del IVA. Todo apunta a que la reforma laboral, que la coalición deberá abordar el próximo curso, será la prueba definitiva para la supervivencia de un Gobierno que satisface a pocos, pero al que no se ve alternativa.

Un grupo de 18 expertos en política sanitaria demandó el pasado miércoles que la reforma de la salud "no debe en ningún caso ser aprobada en su forma actual" porque "no resuelve problemas, sino que los agravará". No son las únicas voces críticas. Las demandas de cambios al acuerdo por parte incluso de políticos socialdemócratas y democristianos no han cesado en las dos semanas siguientes al compromiso.

Y es que, junto a la gran reforma del sistema federal, la de la sanidad era una de las misiones más importantes del Ejecutivo de Merkel. Pero de la promesa de poner el sistema patas arriba para terminar con la burocracia innecesaria, aumentar la transparencia y ahorrar costes, no quedó más que un compromiso de mínimos.

La reforma aprobada, en lugar de recortar gastos, incrementa las cotizaciones de ciudadanos y empresas a partir de 2007 en medio punto porcentual, del 14,2% al 14,7%. Esto encarecerá los costes laborales, algo contra lo que este Gobierno pretendía luchar con el aumento del IVA en tres puntos el año próximo. Además, la contribución solidaria al sistema por parte de los seguros privados seguirá brillando por su ausencia, ya que la reforma no obliga a los asegurados privados a arrimar el hombro para financiar la salud pública. Uno de los mejores del mundo, el sistema sanitario alemán resulta carísimo y falto de transparencia. Tiene un volumen de 250.000 millones anuales, un 11% del producto interior bruto (PIB) alemán, y está salpicado de puntos negros de ineficiencias por los que se escapa el dinero a manos llenas. El agujero actual de los seguros públicos se estima en 7.000 millones de euros. A ello contribuye una medicina cada vez más avanzada y tecnologizada, y por ello más cara.

Más de 250 cajas de salud públicas, cada una con su aparato administrativo, cuyo mantenimiento cuesta miles de millones cada año, atienden a 70 millones de asegurados. Entre ellos cada vez hay más personas mayores que demandan cuidados médicos y menos jóvenes que los financien. El alto desempleo hace que el sostenimiento del sistema cada vez recaiga sobre menos hombros y se pierdan cotizaciones por valor de entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales. La cifra total de trabajadores cotizantes ha pasado de 38,8 millones en 1991 a sólo 26 millones en 2006. Estos trabajadores en empleos regulares son quienes soportan la atención médica de niños, cónyuges dependientes, estudiantes, parados y pensionistas.

Para agravar el diagnóstico, los asegurados en cajas privadas no contribuyen al sistema público. Con 8,5 millones de asegurados -los funcionarios, muchos autónomos y los empleados por cuenta ajena que más ganan-, los seguros privados cuentan con la clientela más adinerada, joven y con mejor salud.

Para hacer frente a esta falta de financiación, la gran coalición presenta una reforma que no va suficientemente lejos en el ahorro de costes y no es tan drástica en la racionalización como sería necesario. Por el contrario, permite que se perpetúe un sistema que la mayor parte de la sociedad siente como injusto y corrupto. Pero como Merkel insiste en que "todo está relacionado" y "hay que dejar de pensar en compartimentos estancos", se confía en que la reducción de impuestos a las empresas pueda a medio plazo sanear las maltrechas finanzas de las cajas de salud a través de una reanimación significativa del mercado laboral.

Con la reforma del impuesto de sociedades, la coalición quiere evitar la fuga de capitales e incentivar la inversión extranjera en el país, con el objetivo de fomentar el crecimiento y crear empleo. Con el 38,65%, Alemania está a la cabeza europea en carga fiscal de las empresas, algo que disuade a los inversores extranjeros y por lo que muchas empresas con sede en Alemania buscan la forma de tributar en otros países.

Se trata de reducir el tipo máximo impositivo al 29,16% a las grandes empresas, las llamadas sociedades de capital, que son las que están sujetas al impuesto de sociedades. Éstas suponen alrededor de un 15% de las compañías alemanas. El resto de las empresas son sociedades personales y no tributan como entidades, sino que es el empresario el que está sujeto al pago de impuestos a través del IRPF. Más del 90% de estas últimas ya pagan menos del 30%, y el 75% de ellas paga menos del 15%, por lo que la rebaja fiscal más urgente es la que atañe a las sociedades de capital.

También se prevé crear un nuevo impuesto sobre los rendimientos del capital del 30% en 2008 y del 25% a partir de 2009. Este impuesto será universal y no variará -como es el caso ahora- según el tipo del IRPF de cada contribuyente. Habrá rebajas en el impuesto de sucesiones cuando se transfiera un negocio y los herederos lo mantengan durante al menos 10 años.

Lo que aún no es más que un esbozo, sobre el que deberá basarse la ley, promete convertirse en manzana de la discordia entre los dos partidos de la coalición de gobierno. El camino hasta la aprobación parlamentaria se anuncia largo y tortuoso.