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Basauri y Bilbao concentran el mayor número de mujeres muertas por violencia de género

Desde 2000 ha habido en Euskadi una veintena de asesinatos, tres en lo que va de año

Basauri y Bilbao tienen el triste récord de ser los municipios con más asesinatos por violencia de género de Euskadi en el último lustro. En Bilbao, tres vecinas han perdido la vida a manos de sus parejas o ex novios desde enero de 2000 y una madre fue presuntamente asesinada por su hijo en octubre de 2005. En Basauri la violencia machista se cobró el 3 de julio su última víctima, la joven de 23 años de origen rumanoLoredana Andriescu, la tercera en lo que va de año en el País Vasco. Vizcaya, la provincia más poblada, concentra también el mayor número de casos mortales.

Salvo una mujer asesinada en San Sebastián en 2001 y otra que falleció en enero de 2006 en la capital guipuzcoana tras haber sido apaleada en Hendaya durante tres días, el resto de los crímenes registrados en Euskadi en los últimos años se han producido en Vizcaya.

Las cifras de mujeres muertas desde enero de 2000 en Euskadi por la violencia machista cambian sustancialmente dependiendo del organismo que haga el recuento. Según el Instituto de la Mujer, adscrito al Gobierno central, son 14. La agrupación feminista Clara Campoamor, que se ha intervenido como acusación particular en la mayor parte de los procesos penales por estos casos, las eleva a 19. Para el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, han sido 10 las residentes asesinadas en la comunidad autónoma entre 2002 y 2006 (este organismo carece de datos de ejercicios anteriores). Este registro se ha visto marcado por la propia Ley Integral contra la Violencia de Género, que al entrar en vigor en enero de 2005 obligó a incluir como víctimas sólo a las mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas o ex compañeros.

A pesar de sus diferencias, el análisis de los datos existentes demuestra que los municipios con más mujeres agredidas hasta la muerte son también algunos de los más poblados. Tras Basauri y Bilbao, las localidades de Barakaldo y Santurtzi han registrado en los últimos años el asesinato de dos de sus convecinas. Pero, a pesar de concentrar el mayor número de víctimas, ni el Ayuntamiento de Basauri ni el de Bilbao descuidan a las mujeres maltratadas. Al tiempo que desarrollan actuaciones para protegerlas, también fomentan campañas contra la discriminación.

Medidas de protección

A juzgar por sus programas, Basauri puede considerarse un municipio modélico en la lucha contra la violencia sexista. Arturo Muñoz, concejal de Igualdad, explica que este consistorio disponía ya de pisos de acogida mucho antes de que en agosto de 2002 María Begoña Gómez -la primera víctima en este municipio desde 2000- muriera cosida a navajazos. Entre otras medidas, desde 2005 una docena de personas implicadas en la lucha contra el maltrato -entre policías municipales, personal sanitario y del centro local de asesoramiento a la mujer creado en 1989- se reúnen de forma periódica para estudiar nuevas medidas de protección. Además, un foro intersindical trabaja para eliminar actitudes machistas en las empresas del municipio.

Pero estas actuaciones no han podido evitar nuevas muertes. Muñoz está convencido de que mientras algunos hombres sigan creyéndose superiores a la mujer continuarán las agresiones. Paz Díaz González, portavoz del Consejo de Igualdad de Basauri, aprecia que esta localidad tampoco mantiene una sociedad desestructurada que pueda suponer un caldo de cultivo para el maltrato. "Es posible que, al haber más recursos en un municipio, también se anima más a las mujeres a denunciarmalos tratos y, en algunos casos, lo paguen con su vida. Pero éste no fue el caso de la muerte de Loredana, que no había puesto denuncia", aclara la portavoz de este colectivo, que integra a las ocho agrupaciones de mujeres de Basauri.

La edil del área de Mujer del Ayuntamiento de Bilbao, Carmen García, subraya la importancia de los grupos de terapia psicológica que organiza el consistorio, pero critica que, en la protección a las vecinas amenazadas, los servicios sociales se vean obligados a asumir responsabilidades relacionadas con su seguridad que no les corresponden.

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