Las 620 nuevas vacantes de personal agravan las deficiencias de la justicia en Cataluña

El último concurso de traslado celebrado en España en la Administración de justicia ha dejado 620 plazas vacantes en Cataluña en todas las categorías laborales. Esta cifra, unida a las 1.307 vacantes que se arrastran desde hace año, suman 1.927 plazas libres, lo que supone el 30% de la plantilla total. La Generalitat reclama la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la previsión del Estatuto, que reconoce a la Administración autonómica la posibilidad de convocar oposiciones y concursos de traslado de estos funcionarios.

El personal de la Administración de justicia se clasifica en cuerpos de gestión, de tramitación y auxiliar. Son, en todos los casos, cuerpos nacionales, de manera que cuando se convoca un concurso de traslado un funcionario destinado en Barcelona puede reclamar una plaza que haya quedado libre en Santiago de Compostela o viceversa.

El problema que se plantea en cada concurso con los funcionarios de justicia es que se marchan centenares de trabajadores destinados en Cataluña y casi nadie reclama venir aquí. Para ser exactos, en la última convocatoria se marcharon 649 funcionarios y sólo 29 reclamaron una plaza en Cataluña. Es decir, se generaron 620 nuevas vacantes. Hasta ahora, lo habitual era que se marcharan unos 200 empleados, pero hacía dos años y medio que el ministerio no realizaba una convocatoria y eso explica el considerable aumento en el último concurso.

Una solución parcial

Núria Cleries, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, explica que esas plazas se cubrirán con interinos, pero esa solución no deja de ser "un parche", como ella misma reconoce. Se trata de personal sin ningún tipo de experiencia, que no hará más que agravar las deficiencias que ya sufre la Administración de justicia, pues son personas que nunca han trabajado en un juzgado.

Cleries explica que esa bolsa de nuevos interinos ha recibido una formación de entre 50 y 65 horas, aunque el verdadero trabajo lo aprenderán en la actividad cotidiana en el juzgado. Algunos secretarios judiciales y magistrados no tienen reparos en explicar en público que ellos no desean que se destine a sus juzgados personal interino porque el tiempo de resolución de cualquier trabajo que se les encarga es el doble o el triple que si se trata de un funcionario con experiencia.

Al margen de las nuevas 620 vacantes, en Cataluña se ha acumulado en los últimos años una bolsa de 1.307 interinos. En la mayoría de los casos se trata, sin embargo, de personal muy formado y eficaz que lleva varios años en esa situación y que no se decide a concursar para lograr una plaza porque sabe que en cada convocatoria corre un riesgo mínimo de que su puesto de trabajo sea cubierto por un titular.

El Ministerio de Justicia ya ha anunciado que realizará una oferta pública de empleo para toda España y que, en el caso de Cataluña, corresponderán 1.193 plazas. Sin embargo, hasta dentro de un año no será efectiva y no dejará de ser una medida de paños calientes, pues esas plazas serán cubiertas por personal procedente de diversas comunidades autónomas que, a la primera oportunidad que se les presente con un concurso de traslado, marcharán a sus lugares de origen, como suelen hacer los policías o los guardias civiles, por poner otros ejemplos.

El personal de fuera de Cataluña que concursa para obtener una plaza aquí también sabe que le resulta mucho más fácil que en la mayoría de las comunidades, porque la demanda es menor.

Así las cosas, la Generalitat reclama que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para cumplir la previsión del artículo 103 del Estatuto, que reconoce la competencia normativa sobre personal para convocar y resolver todos los procesos de selección, promoción interna e incluso crear un cuerpo de funcionarios de justicia que dependa de la función pública de la Generalitat.

El presidente del Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, Pere Lluís Huguet, mostró ayer su preocupación por la situación y reclamó que se haga efectiva esa reforma legal para que la Generalitat pueda convocar oposiciones.