EB presenta un nuevo documento contra el alcalde de Mondragón

El grupo municipal de Ezker Batua en Mondragón presentó ayer ante la Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa un nuevo documento para incluir en las diligencias previas abiertas en relación con la denuncia que esta formación presentó contra el alcalde, el peneuvista Ignacio Lakunza, y el propietario de la empresa Gelma y la promotora Obenerreka, SA, Javier Guibert. Todos ellos están investigados por delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con presuntas irregularidades urbanísticas.

Se trata de un informe jurídico elaborado por una asesoría externa de la corporación de Mondragón, que fue enviado al concejal responsable de Urbanismo tres semanas antes de la firma del convenio urbanístico que es materia de la denuncia y fue firmado el 8 de marzo de 2004. El acuerdo permitía la construcción de viviendas -el número concreto no consta en el documento- en el área de Zabalgunea, donde se encontraba Gelma, a cambio de que esta empresa no abandonara Mondragon y se preservaran los 200 puestos de trabajo.

Según declaró ayer el portavoz de EB en la localidad guipuzcoana, Ander Rodríguez, en un apartado de este informe se pone de manifiesto, mediante una acotación del asesor, que la operación Zabalgunea / Gelma "carecía de interés público y sólo amparaba intereses privados". Y añadió que el documento de diez folios refleja "la voluntad del ayuntamiento de favorecer a Gelma, buscando fórmulas para perdonar impuestos a esta empresa, sin que se pudiese apreciar un trato a favor".

Olvidarse del impuesto

En esta línea, Rodríguez precisó que en el texto de este informe consta cómo el asesor jurídico plantea "olvidarnos de la liquidación del Impuesto de Construcciones y Obras" cuya cuantía alcanza el 5% de la totalidad del proyecto. Todo ello confirmaría, según el portavoz municipal de EB, que la resultante de esta promoción inmobiliaria "ha sido fruto de la posición política de algunos cargos municipales y del trato a favor para el enriquecimiento del empresario".

Según el edil de EB, la única formación que en su día se opuso a la aprobación en el pleno de unas modificaciones en el convenio urbanístico ahora denunciado, espera que la investigación de las diligencias "llegue hasta el final y sirva de ejemplo para frenar este tipo de operaciones en otros municipios".

La denuncia presentada ante la Fiscalía por EB contra el alcalde peneuvista de Mondragón se apoya en la denuncia del convenio que realizó recientemente la concejal Inés Aldai, independediente en las listas del PNV, en diversos medios de comunicación. Según Aldai este acuerdo urbanístico sólo pretende "obtener el máximo rendimiento económico para el promotor", íntimo amigo de un ex alcalde del PNV. La coalición PNV-EA tiene nueve ediles, por cinco del PSE, tres de EB, dos del PP y dos de Aralar.