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Batasuna pide la derogación de la Ley de Partidos, y el Gobierno le emplaza a cumplirla

El Ejecutivo exige a la izquierda 'abertzale' que en sus nuevos estatutos rechace la violencia - Permach afirma que proseguirán los contactos con el PSE aun sin legalización

Sólo 48 horas después de reunirse una representación de la ilegalizada Batasuna con otra del Partido Socialista de Euskadi (PSE), el dirigente de la izquierda abertzale Joseba Permach advirtió ayer de que su formación no piensa acogerse la legalidad en el marco de la actual Ley de Partidos, por considerarlo un "marco antidemocrático". Permach, que compareció en San Sebastián junto a Juan José Petrikorena, lamentó la insistencia de socialistas y populares en que Batasuna "haga un tránsito a no sé dónde y para que por medio de la legalización haga un supuesto camino hacia la democracia". La respuesta del Gobierno y de los socialistas es contundente: La ley de Partidos seguirá vigente y Batasuna tendrá que cumplirla.

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Permach negó con rotundidad que el proceso abierto en Euskadi con el alto el fuego permanente de ETA, el posterior anuncio de que el Gobierno dialogará con la banda y la reunión del PSE con Batasuna sea "en absoluto" un "tránsito de la formación ilegalizada a un marco antidemocrático y a una ley como la Ley de Partidos".

"Nadie se lo cree"

Permach fue más lejos. Ante la advertencia de Patxi López de que el PSE sólo volverá a reunirse con la izquierda abertzale cuando ésta se legalice, afirmó que "tras meses o años" de reuniones informales entre el PSE y Batasuna, "nadie se cree" que no se vayan a producir nuevos encuentros aunque Batasuna no se legalice.

Esta pretendida declaración de principios formulada por Permach, que ya había sido avanzada en medios abertzales la víspera tras el encuentro entre Arnaldo Otegi y la presidenta de EA, Begoña Errazti, tiene en realidad una interpretación más de consumo interno. Necesario en este momento político para evitar dar una sensación de debilidad, sobre todo tras el discurso abierto e incluyente realizado por Otegi al término de la reunión con los líderes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares, el jueves, en un hotel donostiarra.

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En cualquier caso, la intervención de Permach de ayer no cuestiona, en principio, la premisa asumida por la izquierda abertzale de que para volver a la legalidad con otra marca electoral y nuevos estatutos, deben apostar por las vías exclusivamente políticas y democráticas y alejarse de la violencia.

La declaración de Permach obtuvo una inmediata reacción del dirigente del PSE, Rodolfo Ares, uno de los interlocutores socialistas ante Batasuna, quien replicó que "la Ley de Partidos no se va a derogar". El Gobierno recuerda que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro, en su declaración institucional de apertura del diálogo con ETA, del 29 de junio, que dicha ley permanecerá vigente y que "la izquierda abertzale debe rechazar la violencia en los estatutos que presente".

La declaración de Permach de ayer, apuntando que la izquierda abertzale no se acogerá a la Ley de Partidos para legalizarse se ha interpretado en medios socialistas y gubernamentales como "un pulso" de la ilegalizada Batasuna al Gobierno y como "un guiño" a sus bases, teniendo en cuenta que dispone de un plazo de más de dos meses para presentar sus nuevos estatutos en el registro del Ministerio del Interior para legalizarse y poder concurrir en las elecciones municipales y forales de 2007.

Los socialistas vienen trasladando a Batasuna, en público y en privado, la posición del Gobierno desde hace meses. De hecho, la ilegalizada Batasuna admitió hace unas semanas su disposición a presentar nuevos estatutos y nueva marca acogiéndose a la Ley de Partidos, con la pretensión de legalizarse. De algún modo, la escenificación de la reunión del jueves pasado entre una representación del PSE y otra de Batasuna era un gesto de los socialistas para facilitar la decisión de la izquierda independentista.

Más allá de la pretensión de Permach de subir el listón pensando en sus bases, es un hecho que en el seno de Batasuna existe el temor de que su legalización no resuelva el problema de los sumarios judiciales que tienen pendientes los actuales líderes de la izquierda abertzale, que lo van a seguir siendo cuando sea legal. También temen que la misma continuidad de estos líderes sea un problema para su legalización, de acuerdo con la Ley de Partidos. Esa espada de Damocles frena su decisión de cumplir la Ley de Partidos.

Ejecutivo y fiscalía

El Gobierno y el PSE ha hecho llegar a Batasuna que su rechazo de la violencia en los estatutos de una nueva formación les inmunizaría ante cualquier intervención judicial ulterior y facilitaría la resolución de los sumarios pendientes. En todo caso, la llave de la legalización de la izquierda abertzale si cumple la Ley de Partidos la tienen la Fiscalía y el Gobierno. Si sus estatutos expresan que sólo lucharán por sus objetivos políticos por vías pacíficas y democráticas y rechazan la violencia, superarán el problema de la continuidad de sus líderes, señalan fuentes gubernamentales.

La única posibilidad de que prosperase un recurso del PP a la legalización de Batasuna sería, de acuerdo con la Ley de Partidos, que lograra que la mayoría del Congreso instase al Gobierno a rechazar su legalización. El Gobierno cree imposible esta posibilidad si la ilegalizada Batasuna presenta unos estatutos nuevos, con el rechazo a la violencia, e incluso impediría al PP abrir el debate de que el nuevo partido sería una mera continuidad del anterior.

Los dirigentes de Batasuna Joseba Permach (izquierda) y Juan José Petrikorena.
Los dirigentes de Batasuna Joseba Permach (izquierda) y Juan José Petrikorena.EFE

LO QUE DICE LA LEY DE PARTIDOS

- El artículo 9 de la Ley de Partidos de 2002, que sirvió para ilegalizar a Batasuna, establece que un partido será declarado ilegal cuando "su actividad vulnere los principios democráticos" y, particularmente, persiga con ella "deteriorar o destruir el régimen de libertades", justificando o exculpando "los atentados contra la vida o la integridad de las personas", o legitimando la violencia como método.

- El artículo 12 encarga al Supremo atajar que un partido pueda sustituir fraudulentamente a otro ilegalizado, comprobando la continuidad de las personas, organización, estructura, financiación u otras circunstancias.

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