Un acaparador de suelo a quien se le amontonan los conflictos

En las últimas semanas, los conflictos se le amontonan al peculiar y polifacético empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido popularmente como Sandokán. Gómez pasa por ser uno de los mayores propietarios de suelo de Andalucía, y, tras verse implicado en el escándalo de la Operación Malaya, ve ahora como se examinan con lupa algunas de sus actuaciones y convenios urbanísticos en distintos municipios andaluces.

Gómez fue detenido el pasado día 27 en Córdoba, y, tras permanecer cuatro días en los calabozos de la comisaría de Málaga, en la madrugada del día 1 fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 euros imputado de un presunto delito de cohecho. El juez entiende que Sandokán pagó comisiones al ex gerente de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para obtener un trato de favor del consistorio, imputación que él niega.

Una de las promotoras de su grupo empresarial, CCF Negocios Inmobiliarios, tiene dos promociones paralizadas en Marbella por sendas órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Una de 200 viviendas en La Gitana y otra de 339 casas en Elviria. En ambos casos la promotora acató la orden y las obras no llegaron a comenzar. Pero además de las promociones, Gómez dispone en Marbella de varias bolsas de suelo.

En Córdoba, la fiscalía acaba de admitir a trámite una denuncia de Los Verdes por supuestas irregularidades urbanísticas de Arenal 2000, la empresa señera en el ramo inmobiliario del empresario cordobés, y el Ayuntamiento que preside Rosa Aguilar. Entre estos asuntos, está el caso de La Carrera del Caballo, actuación urbanística donde según Los Verdes no se respetó la reserva del 25% del suelo para VPO que exige la ley. La fiscalía ya tenía abierta una investigación por supuestas irregularidades de Arenal 2000.

Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por el PP, ha salido en defensa de la legalidad de un convenio urbanístico suscrito con Arenal 2001 para la recalificación de tres fincas que suman 2,1 millones de metros cuadrados de suelo que ahora es no urbanizable protegido. El convenio se suscribió en septiembre de 2004, pero el equipo de gobierno recuerda que no tendrá efecto hasta que quede aprobada definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), trámite que corresponde a la Junta.

En su defensa del convenio, el Ayuntamiento ha llegado a decir que es él quien pega "un pelotazo" y no el promotor, porque al consistorio le corresponde el 50% del techo edificable que se conceda a las fincas, algo que asegura "no tiene precedentes".