La justicia española ordena capturar a Ríos Montt y embargar todos sus bienes

La justicia española ha decidido finalmente decretar la prisión de los ex dictadores guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores y de otros cinco generales por delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales. La medida fue adoptada ayer por el juez Santiago Pedraz, a instancias del fiscal Jesús Alonso, y supone la orden de captura internacional de los siete imputados, el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias, tanto de aquellas de las que sean titulares, como de las que estén a nombre de testaferros o terceras personas.

La medida supone de hecho que Ríos Montt, Mejía, el ex ministro de Defensa Ángel Aníbal Guevara, el ex director de la policía Germán Chupina Barahona, el ex jefe del Comando 6 de la policía Pedro García Arredondo, el ex jefe del estado mayor del Ejército Benedicto Lucas García y el ex ministro de la Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz no podrán salir de Guatemala, puesto que serían detenidos inmediatamente en la frontera o aeropuerto de cualquier país a la espera de su extradición a España para ser juzgados.

Además, y para "evitar que usando sus medios materiales puedan seguir burlando la acción de la justicia", el juez reclama de los organismos pertinentes que bloqueen las cuentas que cualquiera de los acusados puedan tener en cualquier país. La medida tiene gran importancia, pues aunque todos ellos tengan la mayor parte de su fortuna en Guatemala, los dictadores latinoamericanos suelen tener fondos en Estados Unidos o en Suiza, como ocurrió con el dictador chileno Augusto Pinochet.

En el auto se adoptan también medidas cautelares contra el ex presidente de la República de Guatemala entre 1978 y 1982, Fernando Romeo Lucas, quien falleció recientemente en Venezuela, pero la razón de que haya sido incluido en la resolución es que su muerte no ha sido notificada al juzgado español y por tanto no consta oficialmente como tal.

"Obstrucción constante"

La resolución judicial ha sido adoptada tras el viaje realizado la semana pasada a Guatemala por una comisión judicial española integrada por el juez Pedraz, el fiscal Alonso y otros funcionarios españoles, para tratar de interrogar a Ríos Montt y los restantes procesados y cuyo resultado fue "inoperante". Tanto el fiscal Alonso, como el juez Pedraz destacan que detectaron "una clara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de los hechos denunciados".

El fiscal señalaba y el auto recoge que los imputados "con su actitud obstruccionista, han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no sólo sus declaraciones, sino también la de los testigos que se habían propuesto; la cascada constante y continua de recursos, evitando el lógico actuar del órgano judicial no sólo ha impedido que conocieran la imputación, si no también que los testigos propuestos pudiesen contar al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido".

El auto del juez Pedraz agrega que "esta obstrucción constante y pertinaz, que lleva como corolario el ponerse a seguro de la acción de la justicia española, cuya jurisdicción no sólo se ve reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, sino también por el ordenamiento jurídico internacional (...) y por el ordenamiento guatemalteco, que reconoció la jurisdicción española desde el punto y hora en que se permitió llevar a cabo la mencionada comisión, como no podía ser de otra manera, dado el hecho de que la República de Guatemala es firmante de los pactos internacionales de protección de derechos individuales y colectivos".

Tras destacar que a los imputados se les imputa los asesinatos de 250.000 indígenas de la etnia maya, así como los de 35 personas más en el caso del asalto de la Embajada de España, en 1980 y los de otros cinco sacerdotes españoles, el juez destaca que se hace necesario adoptar "una serie de medidas cautelares para evitar que los citados campen por sus respetos burlando la jurisdicción española".

La prisión de los citados está justificada por "los indicios racionales de criminalidad (...) que se sustentan (...) en las distintas denuncias y querellas, y los informes formalizados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi)".