Ex concejales marbellíes declaran que otro edil pagó el viaje de la censura contra Muñoz

Varios ex concejales de Marbella imputados en la Operación Malaya han declarado ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que el ex edil del Partido Andalucista (PA) Pedro Pérez abonó los gastos del viaje que realizaron los 14 ediles que firmaron la moción de censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003, días antes de que ésta se debatiera en pleno, y que supuestamente financió el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que urdió aquella operación política. Pérez es el único de aquellos 14 ediles que no ha sido llamado a declarar por el juez Torres.

Al viaje acudieron los 14 ediles que firmaron la moción de censura. Todos sus gastos de desplazamiento, estancia y restaurantes, tanto en Lisboa como en Madrid, fueron abonados por Pedro Pérez, que llevaba el dinero necesario, según han confirmado fuentes de la investigación. El viaje sirvió para que los concejales escaparan de la presión mediática que reinaba en Marbella los días previos al pleno municipal de la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía en agosto de 2003. Pedro Pérez negó ayer que él portara el dinero para los gastos de todos los concejales, y dijo que él sólo pagó los suyos y de su propio bolsillo.

La moción que derrocó a Julián Muñoz y aupó a la alcaldía a Marisol Yagüe fue firmada por ocho concejales del GIL, tres del PSOE -que fueron por ese motivo expulsados de la formación- y los tres ediles andalucistas. El pacto fue auspiciado por Juan Antonio Roca, el gerente de Urbanismo durante los sucesivos mandatos del GIL en Marbella, al que Julián Muñoz había destituido. De esos 14 concejales, nueve se encuentran actualmente en prisión y uno, el andalucista Carlos Fernández, en búsqueda y captura. Otros tres están en libertad bajo fianza, los gilistas Carmen Revilla y Antonio Luque, y la tránsfuga del PSOE Belén Carmona.

Tras este peculiar retiro de varios días, los concejales se trasladaron hasta Marbella el mismo día de la moción, y acudieron juntos hasta el Ayuntamiento en un autobús, protegidos por un numeroso grupo de guardaespaldas.

Mientras, los investigadores han constatado que el supuesto cerebro de la red, Juan Antonio Roca, se quedó con el 80% de los 30 millones de euros que cobró en comisiones a promotores urbanísticos entre los años 2004 y 2005. De este modo, Roca sólo repartió entre los 16 concejales imputados en la trama de corrupción cinco millones de euros, mientras que destinó los 25 millones restantes a las numerosas empresas que poseía a través de testaferros, según fuentes de la investigación. Los investigadores han podido reconstruir estas cantidades gracias a los apuntes encontrados en la contabilidad de la sociedad Maras Asesores, considerada la oficina principal desde la que Roca urdía sus negocios.

Alcalde en la sombra

En su última etapa como asesor, Roca decidió ir más allá y creó sus propias empresas para promover viviendas, convirtiéndose así en protagonista del poder urbanístico, además de ser considerado como el "alcalde en la sombra".

De este modo, Roca se erigía como pieza fundamental en un entramado en que era protagonista por dos vertientes distintas. El ex asesor no se limitó a recaudar dinero a los constructores a cambio de las licencias de obras, sino que creó empresas gestionadas a través de sus testaferros, que realizaban promociones de viviendas en Marbella.

En esta segunda fase los investigadores analizan la precisa información que Roca detallaba como si de un meticuloso contable se tratara. Según un auto del magistrado, Roca desglosaba "el destino concreto de hasta el último euro" en varias de sus sociedades, entre otras la compañía Perinal, cuyos administradores son los hermanos ganaderos Manuel e Ignacio González Sánchez Dalp, ambos detenidos; así como Condeor SL, administrada por Montserrat Cogulla, ahora en prisión.

El empresario granadino Carlos Sánchez, sobre el que pesa una orden policial de busca y captura, aseguró que no ha recibido ninguna citación judicial y que no ha huido, sino que regresará a España "en unos días", según informó ayer la agencia Europa Press. "Estoy trabajando en mis negocios del Caribe y no tengo ningún miedo porque no he cometido ningún delito, y así se lo explicaré al juez", aclaró.

Sánchez añadió que sus inversiones inmobiliarias en Marbella "no son importantes" y que "lo único que puede haber es una operación de permuta de locales con su Ayuntamiento", por la que en 2004 cambió al Consistorio unos locales de la avenida de Ricardo Soriano, por los que pagó 900 millones de pesetas (5.409.000 euros) a cambio de otros en Puerto Banús, y que finalmente vendió al promotor Tomás Olivo, amigo de Roca e imputado asimismo por el juez Torres de cohecho.

Por otra parte, la Fiscalía de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia contra la firma Arenal 2000, interpuesta en su día por Los Verdes ante la Fiscalía Anticorrupción, y ha abierto diligencias para investigar dos casos de supuestas irregularidades urbanísticas.

El dueño de esta promotora, Rafael Gómez, conocido como Sandokán, fue puesto en libertad bajo fianza de medio millón de euros por el juez Torres, que le imputa un delito de cohecho. Además, el grupo municipal socialista de Torremolinos (Málaga) aseguró ayer que Gómez compró a través de sus sociedades tres fincas ubicadas en suelo protegido, para posteriormente firmar un convenio de recalificación "con uso dominante residencial" de estos terrenos.

El PSOE criticó el pacto entre el constructor y el Ayuntamiento para la revisión del PGOU, ya que éstos albergan acuíferos que abastecen a la ciudad. La operación, llevada a cabo en 2004, fue calificada por los socialistas como "el mayor convenio urbanístico de la Costa del Sol", dada la extensa superficie de la parcela adquirida por Sandokán, que asciende a 2,2 millones de metros cuadrados, situados en plena sierra de Torremolinos, protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga.