El nuevo IRPF contempla pocos cambios

Las haciendas forales ya están trabajando en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que entre en vigor a partir del próximo 1 de enero. Aunque el contenido completo de la nueva normativa tributaria no se resolverá hasta el tramo final de este año, los responsables de las finanzas ya han adelantado que no se esperan grandes cambios en el impuesto.

Los directores de las tres haciendas han ido avanzando con cuentagotas sus propuestas de reforma. En cierta manera, han permanecido vigilantes a la tramitación del proyecto de reforma fiscal que ha elaborado la Administración central. El mes pasado, el Congreso de los Diputados lo aprobó por mayoría simple (el PSOE obtuvo el apoyo de CiU, el PNV y Coalición Canaria), de forma que se contempla una rebaja media del 6% en el IRPF, con un tipo máximo que pasa del 45% al 43%, y una reducción del 15% de las cantidades destinadas a la compra de vivienda, además de un aumento de las cantidades exentas de tributación.

En Euskadi, las modificaciones apuntan a una mejora de la tributación de las rentas más bajas y del trabajo, se retocará el denominado crédito fiscal a la vivienda, aunque se desconoce el grado del cambio, y se apostará por una pequeña disminución del tipo marginal superior, que en la actualidad está fijado en el 48% (cinco puntos por encima del que se aplicará en territorio común) y repercute principalmente a los contribuyentes con las rentas más altas.

Además de los retoques que se introducirán en el IRPF, las haciendas pretenden acabar con el conflicto que envuelve al Impuesto de Sociedades aprobado para este ejercicio, cuyo tipo impositivo (el 32,6% frente al 35% en el resto de España) ha sido suspendido recientemente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las diputaciones no descartan repetir la estrategia seguida el año pasado y aprobar en los últimos días de diciembre de este año para no dejar margen a que sea recurrido.

A todo esto se une la negociación con el Gobierno socialista de la nueva Ley quinquenal del Cupo y la reforma de la Ley de Aportaciones, que regula el reparto de las recaudaciones entre las tres diputaciones y el Ejecutivo autonómico.