El fin del cheque en blanco a Bush

¿Se cierra Guantánamo? Aunque el fallo del Supremo de la semana pasada deja sin contestar la pregunta que todos se hacen, el debate está abierto. ¿Se acabaron los cheques en blanco para la política antiterrorista de Bush? Ésa es la interpretación mayoritaria de los expertos, que no quieren que el caso de Salim Ahmed Hamdan se recuerde por el insólito oficio del acusado, chófer de Bin Laden, sino porque pueda tener un impacto similar, en la delimitación del poder presidencial, al de la decisión que obligó a Richard Nixon a entregar las grabaciones secretas del Watergate.

Pero el Gobierno y sus analistas más cercanos se ciñen a la letra del fallo, y tratan de resolver la ilegalidad de las comisiones militares creadas para juzgar a los detenidos de Guantánamo intentando, con uñas y dientes, que no se pongan en cuestión la política antiterrorista y la autoridad del presidente.

El Gobierno se ciñe a la letra de la sentencia, que no entra en el tema de los presos

El Supremo dijo -y esto afecta a Hamdan y a los otros nueve presos, de 450, que han sido acusados formalmente desde que se creó el penal a finales de 2001- que las comisiones puestas en pie por el Gobierno no se atienen a la legalidad; no entró a discutir ni decidir más asuntos. En el debate sobre si el presidente tiene o no autoridad constitucional o delegada por el Congreso para establecer comisiones militares extraordinarias, los abogados de Hamdan expusieron que la limitación impuesta en estas comisiones a las normas sobre procedimientos y presentación de pruebas violan el Código de Justicia Militar y la Convención de Ginebra.

Los abogados del Gobierno argumentaron que el presidente tiene autoridad como para decidir que hay circunstancias especiales -la guerra contra el terrorismo- que exigen procedimientos extraordinarios. De ocho magistrados -el noveno y presidente, John Roberts, se apartó, porque estuvo en el Tribunal de Recursos que falló contra Hamdan-, cinco consideraron que Bush se había extralimitado y que hace falta autorización explícita del Congreso para los tribunales militares extraordinarios.

En el fallo no se exigió un plazo para resolver el problema de las comisiones militares ni se puso en cuestión que los detenidos sigan en Guantánamo, pero un alto porcentaje de analistas cree que, en la medida en que se señala que la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar aprobada por el Congreso tras el 11-S no puede ser "un cheque en blanco" -según la expresión del magistrado Stephen Breyer-, la decisión tiene una enorme trascendencia. En palabras de David Ignatius, de The Washington Post, "marca el fin del estado de emergencia de la seguridad nacional en vigor durante los últimos cinco años". Y, en Legal Times, el abogado David Remes escribe: "El Supremo ha rechazado la teoría básica legal del Gobierno desde el 11-S, la que dice que el presidente tiene el poder inherente de hacer lo que quiera, en nombre de la lucha contra el terrorismo, sin el control del Congreso o de los tribunales".

Eso querría decir que Guantánamo no puede aguantar mucho más tiempo abierto. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, califica de "devastador" el alcance del fallo, y cree que, por mucho que no haya una mención explícita, "Guantánamo tiene los días contados", igual que otros aspectos de la política del Gobierno, "en la medida en que [el fallo] los desautoriza y deslegitima".

Otros expertos como Timothy Lynch, del Instituto Cato, ya habían criticado las justificaciones basadas en la Constitución y la ley de poderes especiales: "El Gobierno está profundamente equivocado con esa reclamación (...). Si nuestros principios constitucionales necesitan cambios debidos a la existencia de un nuevo enemigo, el Ejecutivo puede plantearlo al electorado y desarrollar los procedimientos de enmienda previstos".

Para el profesor de la Universidad de Duke Walter Dellinger, es "la decisión más importante de la historia sobre el poder presidencial". En un debate con la periodista Dahlia Lithwick, Dellinger reiteró que lo importante es que el fallo rechaza la teoría de la presidencia imperial: "Casi todo -no todo, pero casi todo- de lo que hacen los presidentes en el ejercicio de los poderes del artículo II [de la Constitución] puede ser limitado por ley". Y ésa es la clave: "Que el presidente pase de violar las leyes a cumplirlas con nuevas leyes sancionadas por el Congreso".

En la posición enfrentada, Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, criticó el fallo "por ignorar la voluntad de las dos ramas elegidas de la Administración". A Samp le sorprendería que la decisión "acabe teniendo una importancia práctica amplia"; en su opinión, EE UU no tiene por qué seguir las normas convencionales de la guerra porque lo ocurrido en Afganistán y otros lugares no es convencional, y la Convención de Ginebra no se pensó para estos conflictos (ése fue el razonamiento de Alberto Gonzales, titular de Justicia, cuando era asesor jurídico de la Casa Blanca).

En esta onda, los abogados David Rivkin y Lee Casey, que trabajaron con Administraciones republicanas, aseguran en The Wall Street Journal, que el fallo no cuestiona que "las comisiones militares son parte legítima de la tradición legal y, en circunstancias apropiadas, pueden usarse para juzgar y castigar a individuos capturados en la guerra contra el terror". Y tampoco nada en la sentencia "sugiere que las instalaciones de Guantánamo deben ser cerradas o tendrían que serlo". Vayan al Congreso, señores del Gobierno -dicen Rivkin y Casey- y negocien normas para las comisiones, o cámbienlas, pero estén seguros de que el Supremo "ha validado, y continúa haciéndolo, las bases legales de la guerra contra Al Qaeda".

El Gobierno lee el fallo de la manera más literal posible: "Vamos a debatir con miembros del Congreso para encontrar alguna forma de aprobar una ley para estas comisiones", dijo el lunes Tony Snow, portavoz de la Casa Blanca, que añadió que el Gobierno quiere "estimular la actual política de repatriación de muchos de los que están en Guantánamo".

Entre los que meten prisa está el propio responsable de la base, el contralmirante Harry Harris, que declaró a la revista Time que el 75% de los 450 presos que quedan ya no son, desde la perspectiva de la información, fuentes aprovechables. ¿Se contemplan acuerdos con terceros países para que juzguen y alberguen a ciertos presos? "Estoy seguro de que lo están negociando", dice Vivanco, de Human Rights Watch.

Bush ha dicho que le gustaría que "los que están en Guantánamo regresen a los países de origen, pero algunos tienen que ser juzgados en nuestros tribunales". Y hay congresistas, como John Cornyn, que opinan: "Algunos querrían que cerráramos Guantánamo y que los terroristas puedan volver al campo de batalla y matar a civiles inocentes o a nuestros soldados en Irak y Afganistán. Claramente, eso no es aceptable".