La liquidación de las cámaras urbanas abre paso a la competencia

La liquidación de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, que monopolizaban en la práctica la defensa y asesoría legal de los propietarios, ha introducido la competencia en el sector. A las tres asociaciones de carácter privado, una por provincia, que se constituyeron como herederas de las públicas disueltas por el Gobierno vasco, se han sumado ya otras dos en Vizcaya. En Guipúzcoa y en Álava hay gestiones para crear otras organizaciones de este tipo, mientras dos asociaciones de consumidores estudian ofrecer servicios especializados.

Las dos nuevas asociaciones creadas en Vizcaya, que se suman a la que se constituyó con parte del personal que trabajaba en la cámara oficial, ya se han registrado en el Gobierno vasco para poder desarrollar tareas de asesoría y defensa de los propietarios.

En la liquidación de las viejas cámaras, obligada por la ley, la Administración vasca se ha reservado una serie de servicios, como la información en materia de derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles y visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. Este servicio se presta independientemente de que quien lo solicite sea propietario o inquilino. Además, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales asume las funciones de mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes así lo soliciten. También se encargará del registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Sin embargo, quedan muchos servicios que pueden desempeñar las asociaciones privadas que están surgiendo con el objetivo exclusivo de defender los intereses de los propietarios de viviendas. Además del asesoramiento jurídico frente a la Administración, la empresa constructora, los inquilinos o las compañías de seguros, las nuevas asociaciones podrán formar parte de las juntas de expropiación o hacer defensa y representación de comunidades de vecinos, entre otras.

Amplio mercado

A las dos nuevas asociaciones de este tipo que se han creado en Vizcaya pueden sumarse otras. El Gobierno vasco ha recibido ya varias consultas de Álava y Guipúzcoa para constituir otras organizaciones que compitan con las ya existentes en Vitoria y San Sebastián. Incluso dos asociaciones de consumidores muy consolidadas están estudiando la posibilidad de crear departamentos específicos para asuntos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

La posibilidad de que la Administración ceda locales y pueda subvencionar las actividades de las asociaciones privadas supone un estímulo para su creación. Pero, sobre todo, el gran estímulo es la amplia clientela potencial. La nueva asociación que continúa en Álava la actividad de la cámara oficial disuelta ha heredado cerca de 50.000 asociados; en Guipúzcoa pueden ser más de 75.000 y en Vizcaya el número de socios pasa de los 100.000. Después de resistirse a la liquidación con recursos judiciales, las nuevas asociaciones de Vizcaya y Guipúzcoa han encontrado una vía de colaboración con el Gobierno, mientras la alavesa mantiene varios litigios.

El decreto de liquidación de las cámaras oficiales entró en vigor el 31 de enero de este año, con el objetivo de asumir todo el patrimonio de estas entidades (en torno a 19 millones de euros) y el personal con contratado antes del Real Decreto de 1990, que impuso su extinción. El Gobierno quiere tener finalizado antes de que termine el año ese proceso y definida la forma, estructura y nombre del servicio público que debe seguir prestando parte de las funciones de las viejas cámaras oficiales.