Reforma universitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU), impulsada por el Gobierno del Partido Popular y aprobada en 2001, ley que no supuso un cambio de esquema en la organización de la enseñanza universitaria tan radical como el propiciado por la Ley de Reforma Universitaria (LRU). El borrador de reforma ahora aprobado, que pretende corregir aspectos insatisfactorios en la práctica tanto de la LRU como de la LOU, aporta la novedad relevante de exigir igual representación entre los dos sexos en todos los órganos de gobierno universitario.

Junto con esta garantía de equidad entre hombres y mujeres, probablemente el otro tema de mayor calado de la reforma sea la selección del profesorado. La LRU proponía un sistema en el que las comisiones que juzgaban a los candidatos estaban formadas por dos profesores designados por la universidad a la que pertenecía la plaza y tres más elegidos por sorteo. Ese modelo fue fuertemente criticado por permitir y fomentar la endogamia, es decir, la preponderancia en muchos casos del carácter "local" de un candidato frente a los méritos académicos de otros. Pero la endogamia no es una consecuencia únicamente de los sistemas de selección, sino que se alimenta también de la inmovilidad general de la sociedad española y del bajo nivel científico de muchos departamentos universitarios. Así, con ese sistema, los departamentos mediocres han "profundizado" en su mediocridad mientras los de mejor nivel han podido consolidarlo.

La habilitación prevista en la LOU supone que las pruebas para examinar los méritos de los candidatos son realizadas por comisiones de ámbito nacional, que "habilitan" a quienes tienen nivel suficiente, y luego las universidades escogen entre los habilitados. La propuesta se ha revelado de muy difícil aplicación práctica debido al carácter de "oposición" que tienen las pruebas de habilitación, lo que implica una severa limitación de los posibles habilitados, en función de las plazas que las universidades deciden cubrir y no del número de candidatos con nivel suficiente, y una desproporcionada movilización de recursos por cada plaza cubierta.

Así que lo que ahora propone la LOU reformada es sustituir esas pruebas por una simple "acreditación" de nivel académico por parte de comisiones de ámbito nacional, basadas en el examen del currículum vítae de los candidatos, dejando libertad luego a las universidades para que escojan entre los que hayan obtenido la acreditación. Es de temer que la existencia de este último trámite en manos exclusivas de cada universidad sirva a algunas precisamente para aumentar sus prácticas endogámicas. Pero conjugar la autonomía universitaria, la existencia de instancias de ámbito nacional que ejerzan de filtro para evitar abusos y el desbloqueo del sistema en vigor comportan dificultades que probablemente ni este ni ningún otro sistema podrá solventar de forma generalizada.