Socialistas y populares mantienen posiciones distintas sobre los trasvases en cada autonomía
El Partido Popular consumó ayer la ruptura de su discurso monolítico en materia de trasvases y políticas hídricas y se sumó al PSOE. Ambos partidos mantienen ahora posiciones distintas sobre los trasvases en cada una de las autonomías.
El PP de Castilla-La Mancha apoyó ayer la propuesta del PSOE en el Parlamento manchego instando al Gobierno regional a recurrir el artículo 17 del Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana en el que se reconoce "el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal". La decisión se adoptó por unanimidad de los dos partidos.
Castilla-La Mancha recurrirá el artículo del Estatut que recoge el derecho al agua
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Castilla-La Mancha, Lucrecio Serrano, recriminó a los socialistas manchegos, que gobiernan la autonomía, que se hubiesen dado cuenta ahora de las repercusiones del Estatuto valenciano cuando "hace ya tiempo que se aprobó". Los populares manchegos pidieron a los socialistas que en la resolución se incluyese un punto instando al gobierno regional a recurrir todos los Estatutos que perjudiquen los intereses a Castilla-La Mancha. En esta autonomía, el portavoz del Grupo Socialista, José Molina, indicó que el Ejecutivo que preside José María Barreda recurrirá todos los estatutos, incluido el de Andalucía, si implican privilegios respecto al territorio y los ciudadanos manchegos.
Una posición que en la Comunidad Valenciana es la que mantiene el PP. El Consell que preside Francisco Camps ya ha anunciado recurso contra el Estatuto de Cataluña y se plantea hacer lo mismo con el de Aragón.
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, reiteró que no tiene ninguna duda de la constitucionalidad del Estatut y achacó el pronunciamiento del Parlamento manchego -apoyado por los dos partidos- "a otro tipo de cuestiones más electoralistas que a la realidad del contenido" de la reforma valenciana. El cruce de posiciones de populares y socialistas también tuvo lugar ayer en Aragón.
El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, negó que hubiese pactado con el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, para eliminar el blindaje del Ebro del Estatuto Aragonés, que va a iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados. Iglesias dijo que "ha habido un error de alguien, o alguna interpretación inexacta o nos hemos expresado muy mal". "Lo que yo he pedido a la Ejecutiva del PSOE es que precisamente apoyen el texto que hemos presentado de Estatut de Autonomía. Mi obligación, mi responsabilidad, es defender el texto que ha salido de las Cortes de Aragón", dijo Iglesias, desmintiendo al portavoz de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, que aludió a un compromiso entre Pla y el presidente aragonés para eliminar el blindaje del Ebro.
Estas manifestaciones fueron aprovechadas por el portavoz del Consell, Vicente Rambla, para decir que Pla va "por muy mal camino". "No sólo no está defendiendo los intereses tan básicos para los valencianos como la necesidad de agua, sino que ahora también acude a la mentira como fórmula para tener algún tipo de discurso".
Si el consejero popular y portavoz del Gobierno valenciano atribuyó a Marcelino Iglesias la virtud de la honestidad en sus manifestaciones, el presidente regional del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, decidió conceder credibilidad al socialista valenciano, Francesc Signes.
Para el PP de Aragón, el presidente Marcelino Iglesias "ha vendido ya el Estatuto la misma semana que ha entrado en el Congreso". Gustavo Alcalde recordó que el secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE había afirmado "también categóricamente que había un compromiso firme con Pla para eliminar el blindaje del Ebro". "Iglesias está obligado a dar una explicación al conjunto de la sociedad aragonesa y a explicar por qué está dispuesto a vender, antes de comenzar la tramitación, el Estatuto de Aragón a los intereses del Ministerio de Medio Ambiente o a los intereses de sus compañeros de otras comunidades autónomas".
El embrollo lo completó Pla al afirmar a última hora de la tarde que Iglesias sí se comprometió en el Comité Federal del PSOE celebrado el fin de semana pasado a colaborar para que las autonomías no blinden los ríos. "Allí dejé muy claro que los ríos son competencia del Estado", argumentó Pla, "y hubo una intervención de Iglesias dispuesto a colaborar con esa idea".
