La eterna polémica del césped del estadio El Campín de Bogotá estalla como nunca antes

“¡Profe, así no se puede jugar!”, exclamó el pasado domingo Andrés Llinás, capitán del equipo bogotano Millonarios Fútbol Club, mientras diluviaba sobre el estadio El Campín. Su equipo enfrentaba al Deportivo Independiente Medellín en la tercera fecha de la liga colombiana. El defensa señalaba charcos que impedían que rodara la pelota. El árbitro escuchó y, tras media hora de espera, suspendió el partido hasta el día siguiente. El encuentro se jugó en la tarde del lunes con la cancha todavía encharcada, el césped levantado en algunas zonas y otras, como los alrededores del punto penal, convertidos en lodazales. “Las condiciones del campo son muy difíciles para jugar al fútbol”, manifestó tras el encuentro Leo Castro, delantero de Millonarios.

El episodio revivió una vieja discusión sobre el estado de la gramilla del principal estadio de la capital, con capacidad para unos 39.000 espectadores. Pero esta vez la discusión escaló a un nivel inédito. A la periódica disputa entre equipos y promotores de conciertos se sumaron entidades públicas, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y organismos internacionales como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que advirtió que en esas condiciones El Campín podría quedar inhabilitado para albergar torneos continentales como la Copa Sudamericana o la Libertadores. En ellas están programados partidos de los clubes capitalinos Millonarios y Santa Fe, que también podrían ser multados. Ellos pagan el 12,5% de sus ingresos por taquilla por jugar en él, una de las tarifas más altas en el país.

Este martes, después de una reunión entre la Dimayor (la entidad que regula el fútbol colombiano) y los presidentes de los cuatro clubes bogotanos, se anunció la suspensión de los próximos tres partidos previstos en el estadio. Al día siguiente, Mauricio Hoyos, el gerente de Sencia, la empresa concesionaria del escenario de propiedad de la ciudad, aseguró a la prensa nacional que fue una decisión conjunta entre la empresa, la Dimayor y los equipos. Pero la liga lo desmintió: afirmó que se trató de una determinación “única y exclusiva” de los clubes y la Dimayor, adoptada para proteger “la integridad de los futbolistas y la calidad del producto”. Además, la liga aseguró que espera que “Sencia tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero [Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, con 16 artistas de música popular]” y pidió un “compromiso real de la APP”.

Desde 2024, Sencia opera El Campín bajo un contrato de alianza público privada (APP) en la que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) delega la administración, mantenimiento y explotación comercial del estadio, incluidos los eventos no deportivos, a la empresa de desarrollo inmobiliario. En el centro del conflicto está ese modelo. Los clubes han dicho que los conciertos y otros eventos no deportivos han deteriorado profundamente la gramilla, incluso más que antes de que Sencia entrara a manejar el lugar en 2024.

La compañía ha reconocido que la gramilla “requiere esfuerzos adicionales”. A través de un comunicado emitido el martes, Sencia explicó que en 2024 comenzó un proceso de “hibridación de la grama” (una combinación de césped natural y fibras sintéticas) para mejorar su resistencia, pero que la transición “ha tomado más tiempo de lo previsto” por lluvias que ha calificado de “atípicas”. La empresa anunció también que la cancha no se usará para eventos culturales hasta el 27 de febrero, que convocará una mesa de expertos nacionales e internacionales y que aplicará un plan de refuerzo y monitoreo permanente junto al IDRD. No se pronunció sobre el concierto del 28.

El director de la entidad distrital, Daniel García Cañón, ha calificado el estado del campo como “inaceptable” y ha anunciado una revisión contractual para verificar si la APP ha incumplido sus obligaciones. “Sencia debe mantener la cancha al menos en el estado en que la recibió”, advirtió, al tiempo que abrió la puerta a sanciones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también intervino en la discusión y afirmó en redes sociales que el Distrito se asegurará de que el estadio esté en condiciones adecuadas.

En redes sociales, la sensación entre los hinchas capitalinos es que los eventos no deportivos han acaparado la agenda en El Campín y que se ha restado importancia a la protección de la gramilla. “El deterioro de la cancha es una vergüenza, pone en riesgo a jugadores y afecta el espectáculo. Bogotá merece escenarios deportivos dignos”, manifestó uno. Otro fue más allá: “La prioridad de Sencia no es el fútbol, ni sus hinchas, ni el deporte, es el negocio de los conciertos”. En los meses previos, el estadio ha acogido eventos multitudinarios como el concierto de Dua Lipa el 28 de noviembre, el de J Balvin el 13 diciembre, y el 31 de enero, un día antes del partido que detonó la polémica, un homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez. La compañía explica que cada evento implica el montaje de estructuras, el movimiento de maquinaria y, claro, miles de asistentes caminando, bailando y saltando sobre plataformas que ubican sobre la gramilla.

“No más Sencia de Corficolombiana en El Campín”, expresó otro usuario molesto en redes sociales, recordando que, en enero, CorficolOmbiana, empresa del gigante económico Grupo Aval, adquirió el 51% de las acciones de Sencia. La empresa, además de operar el estadio, lidera el ambicioso proyecto de la renovación del complejo deportivo y su entorno: contempla una inversión de unos 2,4 billones de pesos (casi 660 millones de dólares) para construir un nuevo escenario con capacidad para 50.000 espectadores, además de un hotel, comercios, oficinas y un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y operarlo todo durante 29 años.

Aunque los usos no deportivos hacen parte del modelo comercial del estadio y no son nuevos, su realización frecuente, sumada a un periodo de lluvias intensas y a la transición hacia un césped híbrido, terminó por llevar la situación al límite. El resultado es una controversia que trasciende un partido suspendido y abre preguntas de fondo sobre hasta dónde puede estirarse un estadio llamado a ser, al mismo tiempo, templo del fútbol y epicentro del entretenimiento urbano.