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Pedraz no podrá interrogar en la embajada a testigos del genocidio de Guatemala

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha topado con un nuevo obstáculo en su investigación sobre el genocidio del pueblo maya en Guatemala. El magistrado tenía previsto ayer constituirse en tribunal de justicia en la Embajada de España para tomar declaración a una serie de testigos (entre ellos, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que perdió a su padre en el asalto por la policía de la Embajada de España en 1980) ya que la justicia guatemalteca ha paralizado provisionalmente los interrogatorios de los acusados. El embajador Juan López Dóriga le explicó que sus pretensiones eran "inviables" porque no lo permite el derecho internacional.

Pedraz tuvo que suspender el lunes los interrogatorios previstos en los tribunales de justicia de Guatemala contra ocho imputados por delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad, terrorismo de Estado, torturas y secuestros, entre los que figuran los ex dictadores Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, que gobernaron el país entre 1982 y 1986, cuando se produjeron las matanzas más atroces. Los abogados de Ríos Montt y Mejía habían presentado una batería de recursos para paralizar o impedir las diligencias. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se reunió ayer, pero no alcanzó ningún acuerdo y las deliberaciones continúan hoy. Mientras tanto, las diligencias quedaron suspendidas indefinidamente.

Pedraz pretendía adelantar trabajo y tomar declaración a los testigos que voluntariamente quieran dar su testimonio sobre las matanzas de campesinos que, entre 1978 y 1982, supusieron la muerte de 200.000 indígenas.

Frustración de las víctimas

Pero es "inviable" porque antes se consideraba que las embajadas eran territorio del Estado al que pertenecían, pero ahora se consideran territorio del Estado en el que se encuentran; es decir, que la Embajada española en Guatemala es territorio guatemalteco, donde España tiene instalada una oficina que goza de inmunidad diplomática, pero que sólo puede realizar las funciones que le atribuye el Convenio de Viena, como representar al Estado o negociar, pero no ejercer funciones jurisdiccionales en un país extranjero.

Este nuevo revés ha causado gran frustración entre las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que han visto en el proceso que instruye Pedraz la única vía para acabar con la impunidad de los implicados. La mayoría de estos testigos no tienen dinero para viajar a España a testificar y el viaje de Pedraz había supuesto una oportunidad única para aportar su testimonio.

Pedraz y el fiscal Jesús Alonso, mientras, se reunieron con las dos fiscales que llevan el caso en Guatemala. Las asociaciones de víctimas han organizado una vigilia frente a la Corte Suprema y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para que los jueces reconozcan los derechos de las víctimas y que permitan juzgar a los presuntos genocidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de junio de 2006