El Colegio de Abogados pide que se investigue a la policía por el desalojo del centro de extranjería

El Colegio de Abogados de Barcelona presentará una queja ante las autoridades policiales, cuyos agentes el sábado detuvieron a 59 personas que habían ocupado el futuro centro de internamiento para inmigrantes de la Zona Franca. La comisión de defensa del colegio y las organizaciones humanitarias opinan que la policía actuó de manera desproporcionada y piden que se investiguen los hechos. La policía asegura que al menos 13 de los detenidos tienen antecedentes penales y que tres están acusados de lanzar petardos y realizar sabotajes contra edificios oficiales en Italia.

La Caravana Europea por la Libertad de Movimiento, que el pasado sábado organizó la ocupación del futuro centro de extranjería de Barcelona, ha iniciado una ofensiva legal contra la policía por su actuación contra los manifestantes. Las quejas de los manifestantes están siendo apoyadas por el Colegio de Abogados y algunas organizaciones humanitarias, que opinan que los agentes del orden se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones.

"Lo que ha ocurrido es muy grave. Porque, además, durante los incidentes la policía detuvo a dos letrados, vulnerando el derecho a la defensa y sin tener en cuenta que ellos no se estaban manifestando", aseguro ayer la abogada Lluïsa Domingo, de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, durante una conferencia de prensa.

El profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Barcelona y animador del Observatorio Penal y de Derechos Humanos, Iñaki Rivera, apoya las denuncias del colegio, pero insiste además en la necesidad de abrir de par en par las puertas de los 11 centros de extranjería de España, porque son "agujeros negros" que se escapan al control del sistema judicial.

El profesor Rivera asegura que aún hoy es válido el informe del Observatorio de la Universidad de Barcelona elaborado en el año 2003, que afirmaba que el 89% de los jueces de Barcelona no habían visitado nunca el centro de la Verneda por considerar que se escapaba a sus atribuciones y que el 70% de los jueces no tutelan los internamientos de los extranjeros, limitados en principio a 40 días.

Las acusaciones de manifestantes y de organizaciones humanitarias han sido contestadas por la policía. En una nota oficial difundida ayer se asegura que entre los detenidos hay nueve italianos y cuatro españoles con antecedentes, por haber participado en manifestaciones antisistema similares a la efectuada el sábado.

La policía afirma que tres de estos acusados, de nacionalidad italiana, están implicados en lanzamientos de petardos, explosivos y sabotajes entre otros delitos, contra edificios oficiales en Italia, de acuerdo con lo indicado en fichas que los Carabinieri han remitido al Cuerpo Nacional de la Policía.

La policía afirma además que a uno de los españoles implicados en la manifestación, Francisco Javier M. T., y el italiano Nicola Eduardo S. se les buscaba por robo e intimidación. Al súbdito italiano se le buscaba desde el año 2002 por un supuesto delito de atentado contra la autoridad cometido en Málaga.