El recurso de Álava pone en riesgo la aprobación de la ley de Suelo el viernes

La Diputación de Álava considera que el proyecto de Ley de Suelo que se pretende aprobar el próximo 30 de junio vulnera en dos de sus disposiciones las competencias de los territorios históricos plasmadas en la LTH. La impugnación presentada ante la Comisión Arbitral supone paralizar de la tramitación del proyecto y pone en peligro que pueda ser aprobado antes de que comiencen en julio las vacaciones parlamentarias.

La admisión a trámite del recurso por parte del órgano paritario que dirime con carácter previo conflictos competenciales entre las instituciones vascas impediría que la Ley de Suelo quede aprobada en el actual periodo de sesiones, retrasándose ese paso cuando menos hasta octubre.

Tras anunciar ayer la presentación de la impugnación, el diputado general, Ramón Rabanera, lamentó "profundamente" que los gobiernos forales de Vizcaya y Guipúzcoa no se sumen a una denuncia que "respaldan íntegramente". Pese a haberlo anunciado, las otras dos diputaciones, gobernadas por el PNV, desistieron de recurrir por instrucciones de la dirección de ese partido, para no retrasar más la tramitación del proyecto de ley.

El motivo del recurso a la Comisión Arbitral es el que el artículo 91.1 del proyecto de ley de Suelo otorga a los ayuntamientos con más de 7.000 habitantes la capacidad de aprobar sus planes de ordenación urbana, privando a las diputaciones de esta potestad recogida en la Ley de Territorios Históricos. Rabanera explicó que el proyecto aprobado por el Gobierno "respetaba las competencias de los territorios históricos". El problema se ha suscitado "en el último tramo de la tramitación", con las modificaciones pactadas por el Departamento de Vivienda, que dirige Javier Madrazo, de EB, con el PSE y la asociación municipal Eudel.

El otro motivo de impugnación es el punto 2 del mismo artículo, que, según la Diputación, permite que los ayuntamientos "puedan realizar informes sectoriales vinculantes en el diseño vial del territorio histórico". "Lo más grave es que esta competencia no procede de la Ley de Territorios Históricos, sino del Estatuto de Autonomía", destacó Marta Alaña, diputada de Urbanismo.

Rabanera, por su parte, criticó que las otras dos diputaciones se hayan apeado de esta reclamación, al tiempo que mostraba el documento que los responsables de los tres gobiernos forales habían redactado días atrás denunciando esa invasión competencial. "No sé que les ocurrirá a otros, pero ya dije que mí no me iban a tapar la boca. Y si tengo que defender las competencias de las diputaciones en Urbanismo, Obras Públicas y Carreteras en solitario, pues así lo haré", señaló.

El procedimiento de la Comisión Arbitral señala que la Mesa del Parlamento debe paralizar la tramitación de la norma nada más recibir la impugnación. La Comisión, que preside Fernando Ruiz-Piñero, presidente del Tribunal Superior de Justicia, debe acordar en los diez días siguientes si admite o no a trámite el recurso, y tiene después cinco días para acordar si levanta total o parcialmente la suspensión de la tramitación del proyecto por motivos de interés general. Aunque estos plazos se apuraran al máximo, las posibilidades de que