El PP no se fía ni de la policía

El Partido Popular ya no se fía de nadie. Ni siquiera de un reducido grupo de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que supervisan los monitores de las cámaras de vigilancia del Congreso. Los diputados de la oposición no están a gusto con los pequeños artilugios que les han colocado para controlar el pasillo que divide sus despachos. Son los mismos aparatos que tienen los demás grupos, pero ellos no los quieren. Las cámaras están en el edificio nuevo, cuyo plan de seguridad fue aprobado en 2003, antes de que José Luis Rodríguez Zapatero llegara a La Moncloa.

El PP, un partido que perdió el Gobierno y la presidencia de la Cámara hace sólo dos años, ha optado por la desobediencia civil. La semana pasada presentó un escrito para que la Mesa les quitara esas cámaras. Mientras se tramita esa petición, un grupo de diputados decidió resolver la cuestión por las bravas. Se subieron a unas sillas -un momento que está grabado, como casi todo lo que sucede en la Cámara- y colocaron unos sobres grandes para tapar la visión de las cámaras. Y allí seguían ayer esos envoltorios, ya que la policía, sorprendida por esta protesta tan directa, aún no los ha retirado.

Marín señala que el plan de seguridad del Congreso es de 2003, cuando Acebes era ministro del Interior

La cuestión llegó a la reunión de la Mesa el martes. El PP defendió su lacónico documento: "El Grupo Parlamentario Popular, por el presente escrito, solicita que las cámaras de seguridad que existen en la segunda y cuarta plantas del edificio de la Carrera de San Jerónimo, 40, sean desmontadas en interés de este grupo". Un simple recorrido por esas plantas y las demás, las que corresponden al PSOE y a los otros grupos, demuestra que esas cámaras son exactamente las mismas para todos. Y nadie más se ha quejado.

El presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, se indignó con esta petición del PP, según fuentes presentes en la reunión de la Mesa. Sobre todo porque no ha sido él quien ha decidido colocar esas cámaras ahí. Fue el Ministerio del Interior el que, en mayo de 2003, cuando lo dirigía Ángel Acebes, presentó un nuevo plan de seguridad del Congreso que contemplaba también la ampliación. Marín sacó a relucir el martes que ese plan era responsabilidad de Acebes y de Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad. Ambos son hoy relevantes diputados del PP cuyos movimientos fuera del despacho, como los de todos los demás, están controlados por la policía por su propia seguridad.

La única novedad que se ha producido en este plan desde que se aprobó en 2003, según explicó Marín en ese encuentro, es que los despachos que ocupa el PP ahora estaban en realidad destinados al PSOE, entonces en la oposición. Ese control que el PP no soporta sería, por tanto, el mismo que el ministerio de Acebes tenía previsto para los socialistas.

Marín y otros miembros de la Mesa discutieron con la representante del PP, María Jesús Sainz. Pero no se pusieron de acuerdo porque los populares insisten en que esas cámaras que controlan sus movimientos en los pasillos les resultan muy molestas. Marín les ha dado una semana para reconsiderar su actitud. Será entonces cuando el presidente explique el informe que ha pedido al comisario del Congreso, que ya tenía el puesto cuando gobernaba el PP. Lo previsible es que la policía defienda el mismo sistema que ha funcionado hasta ahora.

El Congreso, como cualquier Parlamento, tiene un nivel de seguridad muy alto. Hay más de 100 cámaras, y no es raro ver a policías saliendo de las alcantarillas. Todo se vigila, pero sin ningún interés político. A no ser que alguien no se fíe ni de los guardianes de su propia seguridad.