El Gobierno da el primer paso para autoinculparse en la querella contra el 'lehendakari'

El Gobierno dio ayer su primer paso para cumplir con la advertencia realizada la semana pasada y autoinculparse colectivamente en la querella del Foro Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe. El Foro Ermua afirmó que, si se comprueba la existencia de un acuerdo del Consejo de Gobierno decidiendo o avalando el encuentro del lehendakari con dirigentes de Batasuna, haría extensiva su denuncia contra el Ejecutivo en pleno.

En su reunión de ayer, según relató la portavoz, Miren Azkarate, el Gobierno acordó declarar públicamente que ha tenido conocimiento y, "como órgano colegiado", participado en las deliberaciones que condujeron a las reuniones del lehendakari con "la izquierda abertzale". Azkarate no mencionó el nombre de Batasuna en ningún momento.

El comunicado que leyó asegura, además, que la propuesta de ayer fue, no sólo aprobada, sino incluso planteada, por "todos" los integrantes del Ejecutivo. El comunicado no menciona la existencia de ningún acuerdo formal del Consejo de Gobierno para abrir los contactos con Batasuna, lo que, dado el interés que muestra el Ejecutivo por autoinculparse colectivamente, permite aventurar que no lo hubo. Di existiera, darlo a conocer sería el modo más efectivo de realizar la autoinculpación.

Recurso de súplica

El Gobierno se declara "consciente" de que los encuentros pueden reproducirse en el futuro -aunque la portavoz rehusó precisar si hay alguno previsto-, por lo que señala que "apoya y avala" cuantos el lehendakari decida sostener. "Ninguna querella puede condicionar y, mucho menos, anular espacios de diálogo político imprescindibles para la búsqueda de la paz, la reconciliación y la normalización política en nuestro país", afirma. El Ejecutivo dice asumir "como propios" los postulados que Ibarretxe haya presentado y defendido en sus encuentros con Batasuna.

Los servicios jurídicos del Gobierno presentaron también ayer el recurso de súplica ante el Tribunal Superior. Su argumento central es que la actuación contra Ibarretxe restringe sus derechos en el ejercicio de sus responsabilidades y le impide desarrollar el programa político votado por los ciudadanos, ya que la reunión denunciada entraría de lleno en las funciones propias de su cargo.

La entrevista con los dirigentes de Batasuna constituye, señala el recurso, un acto político, sujeto al control del Parlamento, pero no de los tribunales de justicia, por lo que el uso de la vía penal sería ilegítimo. El recurso llega a afirmar que el auto del Superior admitiendo a trámite la querella del Foro Ermua podría constituir "una amenaza para el conjunto del sistema democrático". "Pone el peligro todo el sistema político, ya que nadie podrá entrevistarse con una parte de esta sociedad", afirma en referencia a la que pueda identificarse con la izquierda abertzale.