Aragón, un país de montañas amenazadas

Ésta es la impresión que parte importante de la sociedad aragonesa tiene. Ya no son sólo los colectivos montañeros, ecologistas y conservacionistas aragoneses quienes así piensan. Primero fue el desastre ecológico y económico en el valle virgen de Espelunciecha, al ampliar la estación de esquí de Formigal-ARAMON (Huesca). Después fue la negativa de los partidos que sustentan el Gobierno de Aragón (PSOE/PAR), junto con la abstención interesada del Partido Popular, a admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular con el doble de firmas de las legalmente precisas para que el proyecto de ley se debatiese.

Recientemente, la empresa ARAMON Montañas de Aragón, holding de la nieve formado al 50% por el propio Gobierno de Aragón y la mayor entidad financiera de la región (Ibercaja), no sólo muestra su verdadera naturaleza de empresa inmobiliaria (no señalada en sus objetivos fundacionales), sino que especula directamente en los valles orientales del Pirineo de Aragón comprando fincas rurales en el valle de Castanesa, influyendo en los Planes Generales de Ordenación Urbana de algunos ayuntamientos, y multiplicando por 10 precios de terrenos en Benasque.

El escándalo suscitado no ha servido para replantear el apoyo ciego del Gobierno aragonés a ARAMON: una empresa inmobiliaria que recibe ingentes cantidades de dinero público, gasta de forma astronómica, comete graves errores técnicos en sus obras, genera resultados empresariales muy pobres, crea empleo inestable y temporal, destroza el medio ambiente de la alta montaña, favorece la especulación urbanística y agudiza la desvertebración del territorio. Justo todo lo contrario de lo que sus objetivos fundacionales proclaman.