El mayor control sobre las bajas médicas modera el gasto en 2006

Las bajas médicas cuestan al año más de 6.000 millones de euros a la Seguridad Social y otros 3.000 a las empresas. Para poner coto al crecimiento desorbitado de ese gasto en los últimos años, el Ministerio de Trabajo está aplicando medidas de control. El resultado es que en el primer semestre el gasto ha subido un 5%, cifra inferior a la de periodos anteriores. El Gobierno planea cambios en la prestación hasta el 15º día de baja, que abonan las empresas.

El Estado destina cada vez más dinero a pagar la incapacidad temporal de los trabajadores. El año pasado esa partida costó 6.300 millones de euros, una cantidad que duplica, por ejemplo, lo que se deducen los españoles por compra de vivienda. En los últimos ejercicios esa prestación ha experimentado crecimientos muy superiores a los de la población cubierta por el sistema sanitario y a los de los salarios percibidos por esa población. "Si eso ocurre quiere decir que hay un abuso", concluyó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El Ministerio de Trabajo ha intentado poner freno a esa tendencia con diversas medidas. La primera de ellas es encomendar sólo a los profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social la decisión sobre las prórrogas de seis meses que se pueden conceder una vez que el trabajador ha superado el año de baja. Hasta ahora los facultativos del sistema sanitario de cada comunidad autónoma deciden también sobre esta materia, pese a que el pago de la prestación corre a cargo de la Administración central.

Esta novedad se está aplicando de manera gradual. "Esperamos extenderlo a 30 provincias españolas este año", explicó Granado, que intervino en el III Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. El responsable de la Seguridad Social considera esencial "que la administración que pague algo lo controle". Además de revisar las prórrogas, también se estudian casos de bajas de entre seis meses y un año.

Trabajo está desarrollando también convenios con las comunidades autónomas para extremar el control sobre las prácticas fraudulentas. Actualmente tiene suscritos acuerdos con todas las administraciones regionales. La Seguridad Social dispone de un fondo de 300 millones de euros que se asigna a las comunidades según el cumplimiento de su labor de control. El 70% de ese fondo se otorga en función de si cumplen requisitos tales como enviar los partes de baja al ministerio. El resto se asigna como incentivo a las comunidades que consigan ahorrar en bajas.

Quejas de las empresas

Más allá de contener el gasto, Granado reconoce un "limbo legal" en las prestaciones que se abonan entre el cuarto y el 15º día de baja del empleado. Durante ese periodo, el beneficiario recibe una prestación reconocida por la Seguridad Social pero abonada por la empresa. A partir del 15º día ya se hace cargo el sistema público. Esa contradicción determina que el sistema público no controle el gasto hasta el 15º día, puesto que no procede de sus arcas, ni tampoco las empresas de forma exhaustiva.

El vacío legal, que cuesta a las empresas unos 3.000 millones de euros al año por las bajas comprendidas en ese periodo, ha provocado las quejas de la patronal CEOE. El responsable de la Seguridad Social admite el problema y asegura que se están estudiando medidas para paliarlo. "Hará falta un cambio en la normativa", aseguró sin precisar más, pues pretende llegar a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para solucionarlo.

Granado aclara que un mayor control no supondrá recorte de prestaciones, y que la subida del gasto no es sólo un problema de España, "sino de toda Europa".