El CES catalán aboga por fijar en 18 años, en lugar de 21, la edad mínima para ejercer la prostitución

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que es el órgano consultivo de la Generalitat formado por patronales, sindicatos y expertos, considera que la edad mínima para comenzar a ejercer la prostitución debería ser los 18 años y no los 21, tal y como establece el anteproyecto de ley que ha redactado el Gobierno catalán para regular esta actividad.

En su dictamen, el CTESC alerta de que esta medida "podría llegar a ser considerada como inconstitucional tanto por el fondo como por la forma", ya que constituye una "discriminación objetiva" del reconocimiento de la mayoría de edad a los 18 años para ejercer en plenitud los derechos básicos de las personas (votar, emanciparse, etc.).

Los redactores de la norma para regular la prostitución en Cataluña optaron por fijar en 21 años la edad mínima para ejercer de meretriz, tal y como se ha hecho en Alemania, al considerar que este margen de tres años resulta determinante en la madurez de las personas para recapacitar sobre su elección. La edad es uno de los elementos que levantó ampollas en la redacción de una norma -anteproyecto de Ley de Limitación de las Actividades Relacionadas con la Prestación de Servicios Sexuales Remunerados-

que no estuvo exenta de polémica. El CES catalán, presidido por Mercè Sala, celebra que la Generalitat regule la prostitución "para poder establecer los derechos y obligaciones laborales, fiscales y sociales", aunque hace otras observaciones.

Por ejemplo, advierte de que algunas de las limitaciones que se imponen a los locales de alterne por su ubicación, horario o medidas sanitarias "pueden crear un gran problema a los actuales establecimientos que, en muchos casos, se verán obligados a cerrar, sin olvidar las posibles repercusiones sobre las personas que trabajan y que pueden perder su puesto de trabajo". También cree "ambiguas" las limitaciones de la publicidad de la prostitución.

En cualquier caso, la aprobación de la ley, que debía tener lugar antes del verano, ha quedado en el aire tras la disolución del Gobierno tripartito de Cataluña.