Madrid es Europa, también en la M-30

Cuando se nos dice que la Unión Europea (UE) es percibida por la gente como algo alejado de su vida cotidiana, inservible para resolver sus preocupaciones diarias, los eurodiputados respondemos con una idea sencilla pero eficaz: que el movimiento se demuestra andando. Así hemos hecho los socialistas europeos con el soterramiento de la M-30.

En febrero de 2004, el PSOE fue el primero en poner en conocimiento de la UE, a través de una pregunta parlamentaria de Carlos Carnero a la Comisión Europea (el Gobierno encargado de velar por el respeto de las leyes de la Unión), lo que consideró una clara vulneración de los derechos de los madrileños como ciudadanos europeos por parte del Ayuntamiento de la capital y del Gobierno regional, consistente en poner en marcha una obra de enorme envergadura sin realizar previamente el preceptivo estudio de impacto ambiental.

Ese estudio no es un capricho de Bruselas, sino la garantía de que las consecuencias de ese tipo de obras sobre la salud y la calidad de vida de las mujeres y los hombres de los territorios y las ciudades donde van a realizarse no serán ni negativas ni irreversibles. Se trata de aplicar, en realidad, un básico principio de precaución. Por ejemplo, nadie autorizaría la comercialización y receta de un medicamento sin haber comprobado que sus efectos sobre el ser humano son beneficiosos y, de existir, los efectos secundarios son asumibles. Es decir, que el remedio no será peor que la enfermedad.

Pues bien, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no llevaron a cabo ese estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Si el soterramiento de la M-30 es bueno para la ciudad, como sostienen, ¿cuál es la razón de no querer calcular previamente a iniciarlo sus efectos negativos y, en consecuencia, modificar en el proyecto todo aquello que los produzca?

O las obras pueden resistir un análisis serio y público de su incidencia o no pueden y, en ese caso, tendrían que ser modificadas sensiblemente. No se puede eludir el estudio de impacto parapetándose en que las competencias de medio ambiente están transferidas a las comunidades autónomas y alegando que corresponde en exclusiva a éstas exigir o no su realización. No pueden olvidar que España es miembro de la UE y, precisamente para evitar posibles abusos, la decisión sobre la conveniencia de efectuar un estudio de impacto ambiental sobre una obra pública no queda en manos del parecer de los políticos locales, sino que está perfectamente regulada en las leyes europeas, que también son las nuestras y, en democracia, nos defienden de las arbitrariedades.

Así que en abril pasado la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento abriendo un procedimiento de infracción por incumplimiento de la Directiva 85/337 de la CEE, estimando que el estudio de impacto ambiental en el caso de la M-30 es ineludible. Ésa es una mala cosa para quienes tomaron la decisión en un principio, pero una buena noticia para todos los que pedimos desde un primer momento el respeto de la ley: los vecinos afectados, la ministra de Medio Ambiente, la oposición municipal y regional y eurodiputados.

Dentro de unos días visitaremos Madrid en el marco de una delegación de investigación enviada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Analizaremos sobre el terreno todo lo que ya hemos estudiado en Bruselas. Tras el viaje, emitiremos nuestras recomendaciones. La Comisión Europea ya ha afirmado que el estudio de impacto ambiental es imprescindible. En nuestra opinión, no efectuarlo para un proyecto de la dimensión de la M-30 pone en peligro el futuro de la ciudad y de sus habitantes, porque no podremos conocer las graves e indeseables consecuencias que las obras pueden tener.

Visitaremos las obras, nos reuniremos con los vecinos, nos encontraremos con los responsables políticos de Gobierno y oposición en todos los niveles. Seremos muy escrupulosos en nuestro trabajo, con un único objetivo: defender la ley y los derechos de la gente.

Será la Comisión Europea quien tenga la última palabra, emitiendo un dictamen motivado sobre lo que corresponde hacer para que el soterramiento de la M-30 se ajuste a las leyes. Pero el Parlamento Europeo, con su visita, ejercerá quizá su poder más importante, el que le confiere su autoridad moral: no casarse con nadie excepto con los ciudadanos. Porque Madrid es una gran capital europea y sus ciudadanos tienen derecho a vivir en consecuencia, es decir, con un medio ambiente sostenible.

Proinsias de Rossa (eurodiputado laborista irlandés, miembro de la delegación de investigación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la M-30) y Carlos Carnero (eurodiputado socialista madrileño).