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PSOE y PP aprueban el nuevo Estatuto balear con una financiación similar a la de Cataluña

Un pacto "general" entre el PP y el PSOE, cerrado ayer en el Parlamento balear, facilitó la aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares, que obtuvo el voto favorable del 90% de los parlamentarios. La reforma incorpora una vía de financiación extraordinaria que se asemeja al modelo contenido en el Estatuto de Cataluña.

El consenso alcanzado fue calificado de "histórico" por el presidente del Gobierno autónomo, Jaume Matas (PP), y por el líder socialista, Francesc Antich, que pactaron los principales asuntos y expresaron el propósito de mantener el entendimiento durante la tramitación en las Cortes. El Estatuto es nuevo casi en su totalidad, dado que han sido modificados la inmensa mayoría de los artículos aprobados en 1983. Baleares se declara ahora "nacionalidad histórica".

El proyecto define a Baleares como "nacionalidad histórica" y permite al jefe del Gobierno disolver el Parlamento
El texto establece que la Administración central deberá invertir 3.000 millones de euros en los próximos 10 años
Es la segunda reforma estatutaria que prospera en un Parlamento autónomo gracias a un pacto entre el PP y el PSOE
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En la segunda reforma estatutaria pactada por el PP y el PSOE, después de la de la Comunidad Valenciana, se reclama "una compensación" del Estado en Baleares, de 3.000 millones en diez años, por "los déficit acumulados por la falta de inversiones públicas en las Islas Baleares, por la insuficiente dotación económica en materia de educación, sanidad y servicios sociales y el constante incremento de la población".

Rechazo socialista

La propuesta de inversiones extraordinarias, que postularon con distintas fórmulas el PP y el PSOE, quedó finalmente aprobada con un texto elaborado por el Partit Socialista de Mallorca -nacionalista-, similar al de una enmienda que presentó ERC al Estatuto catalán. Durante los debates de semanas atrás, la cúpula nacional del PP ordenó a Jaume Matas que cambiara su cláusula reivindicativa de un cupo inversor -el 2,5 % anual del total de inversiones estatales, hasta llegar a los 3.000 millones en diez años-, para evitar su semejanza con el modelo del Estatuto catalán. El PSOE votó en contra de este artículo pero se comprometió a negociar una fórmula acorde con la Constitución.

El nuevo Estatuto fue aprobado con los votos (48) del PP, PSOE y Unió Mallorquina, mientras que los grupos minoritarios de izquierdas y nacionalistas -PSM e IU-Verds- votaron en contra (7) al no ser aceptada su enmienda para equiparar el trato oficial del catalán y el castellano. Estuvieron ausentes 4 parlamentarios. La Cámara está formada por 59 diputados, 30 de ellos del PP, 19 del PSOE (uno ausente), 4 del Partit Socialista de Mallorca y del de Menorca; 3 de IU-Verds y 3 de Unió Mallorquina.

Los grupos que respaldaron el nuevo Estatuto manifestaron ayer su propósito de que éste entre en vigor para las elecciones de mayo de 2007. Su próxima entrada en las Cortes facilitará su debate en el otoño e invierno.

La creación urgente y con plenos poderes del nuevo Consejo de Formentera, que Jaume Matas considera prioritario, se efectuará tras consultar al PSOE.

El Grupo Popular, mayoritario en Baleares, cedió en la negociación de ayer y retiró del articulado del Estatuto una de sus propuestas centrales, la exigencia de aprobar en dos años en las Cortes un nuevo Régimen Especial para el archipiélago, con medidas fiscales y económicas extraordinarias destinadas a empresarios y trabajadores, para compensar las desventajas de la insularidad. Esta demanda fue vetada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar. Matas había atribuido ahora esa propuesta al deseo de crear "reservas de inversión de carácter fiscal" para "promover actividades generadoras de ocupación que incremente la productividad".

El contenido de ese régimen fiscal y financiero especial resultaba difícil de encajar en la normativa de la Unión Europea, según el PSOE, que rechazó su inclusión en el Estatuto. Los socialistas se han comprometido, en cambio, a negociar una cláusula que equipare a Baleares con Canarias en medidas de compensación por la insularidad, exceptuadas las relativas a región ultraperiférica.

Tras la ruptura del diálogo el jueves pasado, el presidente del Ejecutivo balear, Jaume Matas, y el máximo dirigente socialista y ex presidente autónomo, Francesc Antich, retomaron ayer la negociación y en el curso de una hora alcanzaron un pacto. Luego, comparecieron juntos para anunciar el acuerdo.

Competencias en inmigración

El PSOE logró incorporar en el Estatuto las competencias sobre inmigración y asegurar un mayor control parlamentario del Gobierno, que incluirá una comparecencia de media hora semanal del jefe del Ejecutivo.

"Se han introducido muchas novedades y muy importantes" en la redacción del Estatuto, resumió el portavoz popular, Joan Huguet. La presidenta socialista de Menorca, Joana Barceló, elogió "la nueva estructura institucional, con los Consejos como instituciones de la comunidad". Eduard Riudavets, del PSM, señaló que, pese a su rechazo, le satisface la redacción final del Estatuto en algunos aspectos.

El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tras intervenir en el pleno del Parlamento autónomo.
El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tras intervenir en el pleno del Parlamento autónomo.TOLO RAMÓN

LAS CLAVES DEL NUEVO ESTATUTO

Baleares se define como "nacionalidad histórica"

El jefe del Gobierno puede disolver el Parlamento

Los consejos insulares pasan a ser instituciones de la Comunidad, con competencias propias y capacidad reglamentaria

Creación del Consejo de Formentera

Arquitectura interna para cooperación institucional: Consejo de Presidentes Insulares. Comisión General de Consejos Insulares

Más control del Gobierno en el Parlamento

Competencias sobre inmigración y Policía autonómica

Consejo de Justicia

Consejo Audiovisual

Demanda al Estado de una inversión de 3.000 millones en 10 años

Cláusula de equiparación automática a Canarias en medidas de compensación por la insularidad, excepto las de región ultraperiférica

Agencia Tributaria propia consorciada

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