La Eurocámara aprueba el informe sobre los vuelos de la CIA

La comisión de libertades del Parlamento Europeo aprobó anoche el informe presentado por el eurodiputado socialista Claudio Fava, que sostiene que un millar de aviones fletados por la CIA cruzaron los cielos europeos y se posaron en sus aeropuertos, cargados de sospechosos de terrorismo que terminarían bajo custodia en países en los que se aplica la tortura. El texto aprobado ayer no difiere en lo esencial -pese a las numerosas enmiendas que salieron adelante-, del informe original. Esto implica que la comisión da por probada la existencia de los vuelos de la CIA y considera que hay evidencias suficientes como para prorrogar las investigaciones hasta fin de año.

Todas las grandes formaciones votaron a favor del texto enmendado, salvo el Grupo Popular que se pronunció dividido. Al final, un total de 25 eurodiputados votaron a favor del texto, 14 en contra y siete se abstuvieron. Los populares protestaron así por el rechazo de la comisión de libertades a la inmensa mayoría de la treintena de enmiendas que habían presentado. Entre ellas, la que pedía que se incluyera la palabra "presuntos" al hablar de los vuelos de la CIA. Los grupos aprobaron una enmienda de compromiso según la cual no se mencionarán los nombres de Polonia, Rumania y Bulgaria, los Estados acusados de albergar centros de detención secretos. En su lugar, el texto hablará de "algunos países". Asimismo, una de las enmiendasa aprobadas lamenta las diferencias entre los modelos legales de Europa y EE UU y señala "la necesidad urgente de prohibir las rendiciones extraordinarias en la legislación internacional".

El trabajo de Fava considera probado que la CIA secuestró en territorio comunitario a presuntos terroristas y que los trasladó a países en los que se practica la tortura. En el texto, el socialista italiano considera asimismo "inverosímil" que "ciertos Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento" de lo que sucedía dentro de sus fronteras. Se trata del informe que la Eurocámara se había comprometido a presentar transcurridos seis meses desde el inicio en enero de la investigación sobre la supuesta participación de los países europeos en las actividades ilegales de la CIA en Europa tras el 11-S.