El Banco Mundial acepta dirimir uno de los litigios de Agbar y Suez contra Argentina

El tribunal de arbitraje de conflictos sobre inversiones del Banco Mundial, el CIADI, se ha declarado competente, en contra de lo que sostenía el Gobierno de Néstor Kirchner, para dirimir uno de los tres litigios contra Argentina planteados ante dicha corte internacional por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar) tras la crisis del país austral, la posterior congelación de tarifas en pesos y las acusaciones a las empresas de falta de inversión. Fuentes empresariales ven en la decisión del CIADI, que desde la Procuración del Tesoro de Argentina se minimiza, un "muy buen precedente sobre el fondo de las diferencias y para el resto de litigios". Particularmente con vistas al de Aguas Argentinas, cuyo contrato fue rescindido por el Gobierno argentino en marzo pasado.

El conflicto sobre la concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe, participada por Suez y Agbar, es el primero en el que está involucrado capital español sobre el que el CIADI declara "tener jurisdicción" y cuyo procedimiento sigue adelante. Otros inversores como Gas Natural, Telefónica o Endesa suspendieron sus demandas ante este tribunal y abrieron vías de acuerdo.

Las empresas -cuyo enfrentamiento abierto con Kirchner estalló definitivamente en marzo pasado, con la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, bajo la acusación de que consumir agua distribuida en Buenos Aires por esta empresa de Suez y Agbar podría ser perjudicial para la salud- han aducido siempre que, bajo un arbitraje internacional, tendrían mayores garantías de neutralidad. Reclaman indemnizaciones por valor de 1.400 millones de dólares.

La demanda de Suez y Agbar sobre Aguas de Santa Fe fue presentada en abril de 2003, pocos meses antes de la sonada reunión de Kirchner con empresarios españoles en la sede de la patronal CEOE, donde el presidente argentino les acusó de aprovecharse de su país. Los grupos francés y español acusaban a Argentina de ser legalmente responsable de la "expropiación" de sus inversiones en Santa Fe, y denunciaban que no recibieron un "tratamiento justo y equitativo", con lo que se podrían haber violado los acuerdos de promoción y protección recíprocas de inversiones entre Argentina y Francia y Argentina y España.

La decisión sobre jurisdicción -no publicada por el Banco Mundial por falta de consenso entre las partes, pero que ha sido confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro de Argentina y por fuentes empresariales- supone que el CIADI va a reanudar el proceso sobre la demanda de Suez y Agbar.

La discusión sobre el fondo de dicha demanda llevaba paralizada desde el 26 de noviembre de 2004, fecha en que el Gobierno argentino logró su suspensión al cuestionar que el tribunal del Banco Mundial fuera competente. La decisión del CIADI, con fecha de 16 de mayo, rechaza las excepciones a la jurisdicción invocadas por Argentina. Este país aducía, entre otras razones, que las diferencias no venían de las inversiones, sino de "las medidas económicas del Gobierno para afrontar la crisis".

La Procuración del Tesoro de Argentina resta importancia a la decisión del CIADI, y destaca que en los 17 casos en que debió definirse se declaró competente. Sin embargo, fuentes próximas a Suez y Agbar subrayan su dimensión de "precedente". El Banco Mundial en Washington declinó ayer realizar comentarios, al no haberse publicado la decisión sobre jurisdicción, cuyo texto apunta que las decisiones sobre otros litigios "no son vinculantes para este tribunal", pero sí "ciertamente instructivas". La decisión sobre el fondo se espera para 2008.

La dimensión de precedente sería clave por la virulencia con la que concluyó la concesión de Aguas Argentinas, sobre la que Suez y Agbar también acudieron al CIADI. Es un caso aún más complicado, porque la rescisión de la concesión por Kirchner abrió otro frente judicial ante los tribunales argentinos. La demanda sobre Aguas Cordobesas está suspendida, en vía negociadora.