Abandonada en un aparcamiento documentación técnica y administrativa de la Ciudad de la Justicia

Decenas de carpetas permanecieron al menos dos días tiradas en el suelo justo a la entrada del aparcamiento exterior de la Ciudad de la Justicia. Sobre ellas, pisaron muchos de los usuarios habituales. Entre los papeles, figuran datos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que participó en la construcción del complejo formada por las mercantiles ACS, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Edifesa (Edificaciones Ferrrando, SA). Además, había distintos mapas sobre las dependencias (accesos, detalle de la seguridad de los mismos) o actas de reuniones con los contratistas.

Algunos papeles revelan aplazamientos de pago con coste millonario

Entre las carpetas, hay además documentos con registro de entrada y salida en la Consejería de Justicia y copia de acuerdos firmados por el ex consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, o por el actual gerente de la Ciudad de la Justicia, David Sevilla. Los documentos desperdigados por el suelo, al alcance de cualquiera, concentran parte del proceso de construcción del complejo desde 2000 hasta 2003, año en el que se inauguró, así como modificaciones posteriores para mejorar, por ejemplo, conducciones, o sustituir materiales.

Varias casetas de obra permanecen instaladas en el interior del aparcamiento exterior de la Ciudad de la Justicia. Esas casetas se encuentran frente a la entrada de la parte posterior del complejo. Están únicamente protegidas por una puerta metálica que permanece abierta y sin vigilancia específica entre las 8.00 y las 15.30. Los papeles se encontraban tirados, algunos de ellos fuera ya de las dependencias del aparcamiento desde el pasado miércoles. A los que inicialmente aparecieron tirados el primer día se sumaron decenas de carpetas en el suelo de una de las casetas ya desmontada.

Entre la documentación se encuentra, por ejemplo, un cuadro de obra que incluye presupuesto, coste y desfase (aparece referenciado como cuadro normalizado de obra); una planificación económica; pliego de condiciones (servicio de infraestructuras judiciales con membrete de la Consejería de Justicia) firmado por el gerente de la UTE y la jefa del servicio Carmen Dorta; acta de recepción de obra, firmada por David Sevilla, Carmen Dorta y por la UTE Juan Ignacio Garrigós Estellés, gerente; contrato de Justicia y la empresa (a la que se refieren como "esa empresa") por 96 millones de euros para la II fase; modificación de 2001, firmada por Cepeda y con entrada y registro; de 8 de noviembre de 2001, modificación presupuestaria porque no se detectó que estaba muy alto el nivel freático por valor de 4.531.812,28 euros (se aumenta el plazo de ejecución en dos meses pero no eso no se considera modificación sustancial del proyecto inicial); una tercera modificación presupuestaria para impermeabilización del solar por el nivel freático por valor de 12 millones de euros, incluyendo los cuatro de la modificación anterior; una comunicación de Justicia a la UTE; comunicado por el que se pone en conocimiento la aprobación de las fórmulas de pago aplazado, que supone 3.043.684,60 euros de intereses del principal, que son los casi doce millones; una modificación presupuestaria con fecha 4 de junio de 2003; la fijación de 470.000 euros de garantía definitiva.

Las carpetas incluyen el detalle de todas las mercantiles que han participado (desde la carpintería a la canalización de agua, desde la obra de Iberdrola a la suministradora de cristales o pavimento de interior). Decenas de tablas detallan el coste previsto de cada uno de los suministros, el coste real y la variación presupuestaria que ello supone y en qué partida se imputa. Las mismas tablas, de varios años y siguiendo el proceso de construcción del complejo, reflejan los cambios que se pueden haber producido en los proveedores, los incrementos no previstos en unidades necesarias para la obra. También se hallan alguno de los envíos de documentación a contratistas porque están los originales y copias con el fax de procedencia.

Entre los detalles sobre las distintas decisiones que se tomaron en el transcurso de la ejecución de una obra inaugurada al borde de la convocatoria electoral autonómica de 2003 y cuando aún tuvieron que pasar siete meses para que entrara en funcionamiento, se pueden encontrar algunos referidos al pago por parte de la Generalitat. Con fecha 1 de abril de 2003, se comunica a la UTE que "por el presente pongo en su conocimiento que por acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 7 de enero de 2003 se ha aprobado la inclusión de fórmulas de pago aplazado para la financiación del modificado del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Fase II, con el objeto de introducir modificaciones al proyecto inicial, que obedecen a necesidades sobrevenidas durante la ejecución de las obras, derivadas de conversaciones con los colectivos afectados, mejoras en los rendimientos energéticos o adecuación a los avances tecnológicos propios del mercado. Se fija un aplazamiento de cuatro anualidades a partir del ejercicio 2007 de la siguiente forma: ejercicio 2007: tres millones de euros; ejercicio 2008: tres millones de euros; ejercicio 2009: tres millones de euros; y ejercicio 2010: tres millones de euros". Ese aplazamiento de un capital de doce millones de euros supone, según consta en la documentación, unos gastos financieros de más de tres millones de euros en concepto de intereses.

Algunos de los documentos que detallan instalaciones concretas llevan adjuntos mapas sobre todas y cada de las dependencias. Son mapas a escala que especifican cómo acceder a cada una de ellas y cuál es la protección que con la que cuentan.