A Dios rogando

Las religiones tienen la obsesión por el poder político. Han llegado a tal extremo que pretenden adoptar las decisiones que les corresponde a quienes han sido elegidos para ello. Persiguen que sus valores se impongan a toda la sociedad. El catolicismo, desde Constantino a nuestros días, ha tenido siempre la vocación de religión oficial y de que sus principios y valores sean de obligado cumplimiento. En España sólo el 17% son católicos practicantes, un 10% ateos y el resto se mueven en distintas posiciones intermedias desde el "católico no practicante" al escéptico o el agnóstico.

Pues a pesar de esta realidad, la Iglesia intenta que la legislación se acomode a sus puntos de vista en materia de matrimonio, reproducción asistida, eutanasia, educación, costumbres y también sobre el articulado del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sus expresiones de fe tienen que ser apoyadas con dinero público (procesiones, romerías), sus fiestas tienen que ser las de todo el país, sus colegios tienen que ser sufragados con dinero de todos, sus ideas tienen que enseñarse en los colegios públicos, su funcionamiento lo tenemos que pagar a escote, sus edificios los tenemos que mantener o rehabilitar con dinero público. Encima, sus feligreses son tacaños y no aportan para sufragar los gastos.

No contentos con esto nos adoctrinan desde los púlpitos o desde emisoras de radio. Como su parroquia no les da lo suficiente, a pesar de que el Estado recauda y completa lo que ellos no aportan, exigen pasar del 0,5% al 0,8% en la declaración anual del impuesto de la renta. En lo que concierne al dinero ha tenido siempre la Iglesia mucha habilidad. Son 2.000 años de práctica. De vez en cuando pega su pelotazo urbanístico con la aquiescencia de todos: sus feligreses porque así se evitan sufragar su mantenimiento y los poderes públicos porque piensan que al permitir estas operaciones se congracian con un sector de la población.

Por otro lado los devotos feligreses que no tienen dinero para sostener el culto de su propia religión, sí lo tienen para romerías y procesiones. Se consuma así un triple despropósito: la jerarquía eclesiástica que critica a los poderes públicos pero vive de ellos, los supuestos adeptos que no tienen para el culto pero sí para fiestas y los poderes públicos que dan ayudas porque piensan que se congracian con una parte de la ciudadanía.

Los colegios religiosos han tenido siempre mucha habilidad: se han ido trasladando del centro a las afueras de las ciudades después de hacer caja. En Cádiz hicieron importantes negocios los marianistas con el Colegio San Felipe de intramuros, las Hijas de San Vicente con la Torre Tavira y el palacio de Recaño, los salesianos a la hora de administrar el legado de Ana de Viya y el Obispado con la Huerta del Obispo.

En Sevilla, el Obispado obtuvo importantes ingresos de la Junta de Andalucía a cuenta del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia, que había destrozado previamente sin encomendarse a Dios ni al diablo, si se me permite la frase. Los ejemplos que hemos visto en Marbella y otros lugares no son nada comparados con la actividad inmobiliaria de la Iglesia en Andalucía, que saca dinero de todos lados: del Estado y de la especulación.

Ahora han iniciado la negociación para vender a la Junta de Andalucía el Oratorio de San Felipe Neri, gracias a lo cual obtendrán ingentes sumas de dinero público. Un negocio espectacular al calor de las necesidades ciudadanas para conmemorar el Bicentenario de las Cortes y la Constitución de Cádiz que allí vieron la luz. No contentos con el negocio que se avecina han reaccionado los más extremistas, las cuadrillas de hermanos de Marcial Maciel, monseñor Escrivá, Kiko Argüello y demás, con una campaña en contra de esta negociación sin siquiera conocer su contenido.

No dan dinero a su Iglesia y se esconden tras grandes palabras. Es casi la definición del fariseísmo. El Estado que pague el culto religioso mientras ellos se dedican a poner problemas. Una cosa es predicar y otra dar trigo.