El PSE facilita la aprobación en comisión de la Ley de Aguas

La Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente del Parlamento aprobó ayer, con los 11 votos del tripartito y del PSE-EE, y cinco en contra del PP y de EHAK, el dictamen del proyecto de Ley de Aguas. En la sesión se rechazaron las enmiendas parciales presentadas por PP, EHAK y Aralar, y se aprobó finalmente una transaccional suscrita por el tripartito y el PSE-EE, que fue incorporada al texto final. El dictamen será debatido en el pleno, según fuentes de la Cámara, antes de las vacaciones de verano.

Las principales novedades de la futura norma son la puesta en marcha de la Agencia Vasca del Agua, que coordinará las actuaciones de todas las instituciones en este ámbito, y la creación de un canon o impuesto ecológico sobre el uso de este recurso. Mediante este nuevo gravamen los usuarios deberán pagar seis céntimos de euro por metro cúbico de agua, cuando el consumo supere los 130 litros por persona y día.

Es un tributo nuevo al que obliga la legislación comunitaria y que será aplicado en toda la Unión Europea. Aunque resulta novedoso en España, ya viene siendo aplicado en algunos países europeos. Su introducción se justifica como una manera de reparar los daños ambientales que causa la extracción, uso y contaminación del agua en el medio natural.

Largo conflicto

El proyecto de ley de Aguas fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre y remitido al Parlamento en noviembre. Se trata del mismo texto aprobado por el Ejecutivo la legislatura pasada, que quedó paralizado en la Cámara tras presentar las Juntas Generales de Álava una cuestión de competencia que resolvió la Comisión Arbitral a favor del Gobierno.

Aquella impugnación dejó varada el proyecto varios meses y cuando al final se desbloqueó ya no hubo tiempo para seguir su tramitación, porque se disolvió de manera anticipada la Cámara por el adelanto de los comicios de 2005. Tras perder Álava la disputa, el proyecto fue nuevamente aprobado con la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH), que resta competencias a las diputaciones en favor de la futura Agencia Vasca del Agua.

Precisamente, ese fue el argumento de la diputada del PP, Esther Martínez, para quien la normativa "retira competencias forales y sirve para cobrar más a los ciudadanos y para ejercer el centralismo desde la Agencia Vasca del Agua". Por su parte, Aintzane Garate, de EHAK explicó que su grupo apuesta por otro modelo integral de gestión de de este recurso, porque el texto legislativo "no sirve para proteger el agua".

La parlamentaria de EA Nekane Alzelai apoyó el proyecto de ley y apuntó que si reorganizan las competencias en esta materia no es "en contra de las diputaciones, ya que tienen presencia en los órganos directivos de la Agencia Vasca del Agua".