China califica de calumnias las acusaciones contra varios de sus líderes

El Gobierno chino advirtió ayer a España de que las imputaciones de genocidio a varios líderes del país asiático que están siendo investigadas en los tribunales españoles son "invenciones y calumnias" con un claro objetivo político: promover el separatismo y dañar la imagen internacional de China. Pekín convocó ayer a representantes de la embajada española para manifestar su indignación.

Esta queja ya la había expresado el martes el Ministerio de Exteriores, y así lo volvió a recordar ayer el Ejecutivo chino, que convocó a la embajada española para manifestarle su indignación por el avance de sendos casos sobre presuntos genocidios en Tíbet y contra miembros de la organización de inspiración budista Falun Gong, ilegal en China.

El embajador en China, José Pedro Sebastián de Erice, calificó la cuestión de "delicada", máxime cuando dentro un mes está prevista la visita a Pekín de los Príncipes de Asturias. El Gobierno español expresó su confianza en que se mantenga la relación estratégica con China pese a las causas abiertas en la Audiencia, según fuentes de Exteriores.

En la reunión convocada por Pekín participaron por parte china la consejera de la Dirección General de Asuntos de Europa, Li Fushun, y por parte española, la consejera cultural, Carmen Moreno. El ministro consejero de la embajada -que era quien debía acudir a la cita, según De Erice- y el consejero político se encontraban ausentes.

Pekín asegura que la cuestión de Tíbet es "un asunto interno", y subraya que se "opone firmemente a que cualquier país interfiera en sus asuntos internos". Las autoridades instaron a España, en un comunicado a Associated Press, a que "gestione de forma apropiada este problema, para que las relaciones chino-españolas puedan, con el esfuerzo de ambas partes, seguir desarrollándose de forma saludable". Una petición que refleja la falta de separación entre el poder Judicial y el Ejecutivo en China, donde los jueces son nombrados por el Partido Comunista y siguen sus dictados.

El Ministerio de Exteriores asiático negó, además, la potestad de los tribunales españoles para tratar las demandas. "Según las leyes internacionales y los principios básicos de las relaciones internacionales, los tribunales de ese país [España] no tienen derecho a aceptar ni a juzgar este tipo de casos", dijo.