Empleo aprueba revelar las empresas que vulneren la normativa de riesgos

Las empresas con sanciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales verán publicado su nombre y la naturaleza de la infracción en el Boletín Oficial del País Vasco. La orden de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que entró en vigor ayer, justifica la medida por su poder de "concienciación y sensibilización social" en esta materia. Para Confebask, el Ejecutivo se "extralimita" con unas medidas "inoportunas".

La publicación del nombre de las empresas infractoras es la medida más novedosa de las dos que entraron en vigor ayer por iniciativa del departamento que dirige Joseba Azkarraga y que ya fueron anunciadas en el Parlamento vasco, dentro del plan gubernamental para reducir los accidentes laborales.

La segunda medida establece que a las empresas cuyas infracciones sean muy graves se les abrirá un expediente administrativo por parte del Gobierno vasco, previo a la prohibición de firmar contratos con la Administración pública vasca.

La orden que regula dar publicidad a las empresas que hayan cometido infracciones graves y muy graves, establece el mecanismo a través del cual se publicará la sanción y el nombre del infractor. La orden precisa que habrá de hacerse a través de una resolución del director de Trabajo, una vez que la sanción sea firme en la vía administrativa. En el caso de que en la vía jurisdiccional la sanción sea modificada o anulada, ésta volverá a publicarse en el diario oficial.

Extralimitación

Para la responsable de relaciones laborales de Confebask, Carmen Lezaola, el Gobierno vasco se "extralimita" al regular la publicación de las sanciones graves y muy graves, porque, según sostiene, la legislación nacional, que sirve de marco para la autonómica, sólo autoriza la publicación de las "muy graves".

Lezaola criticó también que la lista se elabore con las empresas con sanciones firmes en la vía administrativa, sin esperar a que sean firmes en la vía jurisdiccional. En su opinión una vez publicado el nombre, "el mal ya está hecho", afirma.

La segunda orden del departamento de Azkarraga es la que regula el procedimiento para lograr que las empresas con sanciones muy graves no puedan contratar con la Administración vasca. La potestad para sancionar es del ministro de Hacienda, tal y como regula el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Pero la propuesta la tiene que hacer el Gobierno vasco a través de un oficio del director o viceconsejero de Trabajo.

Tras oír al empresario afectado el Gobierno vasco decidirá si sigue adelante con la propuesta de sanción y si finalmente eleva al Ministerio de Hacienda la propuesta para que la empresa no contrate con la Administración.

Para Lezaola se trata de una orden "inoportuna" que puede dejar a las empresas vascas en inferioridad de condiciones respecto a las del resto del Estado. "Puede darse el caso de rechazar una empresa vasca sancionada y aceptar otra que quizás tenga más sanciones", criticó.