El fiscal no ve delito en las grabaciones de los socialistas a imputados del 'caso Terra Mítica'

La fiscalía de Valencia ha archivado las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Mesa de las Cortes en la que planteaba al ministerio público si las grabaciones realizadas por dos diputados autonómicos a dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas en Terra Mítica y que se realizaron en sede parlamentaria eran constitutivas de algún delito. La fiscalía abrió unas diligencias que ha acabado por cerrar al entender que son legales las grabaciones en las que es alguno de los propios interlocutores el que las efectúa, como ocurre en ese caso.

Juan Manuel Cabot (PP), secretario primero de la Mesa de las Cortes, firmó el escrito que el pasado día 29 recibió la fiscalía y en el que la Cámara ponía en su conocimiento una serie de hechos por si eran constitutivos de algún delito. La fiscalía ha contestado ya a Cabot, a través de un decreto, que las diligencias han sido archivadas porque no recogen ninguna acción delictiva. Las Cortes trasladaron a la Fiscalía un relato sobre las grabaciones de los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa a dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas en Terra Mítica y a otras 19 empresas y que investiga un juzgado de Valencia. En ese relato, acompañado de varios recortes de prensa, la Mesa de las Cortes instaba al ministerio público a que investigara si las grabaciones eran o no ilegales, si el hecho de que se hubieran realizado en sede parlamentaria (los despachos del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico) era un ilícito penal, si las referencias de los empresarios a Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, no iban a ser perseguidas y si las declaraciones de uno de los empresarios grabados, Antonio Vicente Moreno Carpio, a un periódico en las que decía que los socialistas le ofrecieron dinero y mediación judicial eran o no irregulares.

La fiscalía respondió a las Cortes la pasada semana. Sobre las referencias a Zaplana, el fiscal recuerda que la ley le obliga actuar de oficio cuando se injurie a una autoridad (Zaplana lo es por su condición de diputado) siempre que él no lo haga, y el Tribunal Supremo está conociendo de su querella. Respecto de las grabaciones a los empresarios, el fiscal dice que, tal como recoge la norma, son legales aquellas en las que es uno de los interlocutores el que graba, no las que se hacen a terceros sin su conocimiento ni autorización judicial. Los socialistas, que están en la conversación, son los que graban. Pero además, el fiscal explica que ya en 1984 una sentencia dirimió el asunto. "Sólo podría constituir un ilícito sobre la base del conocimiento de un hipotético derecho a la voz que no cabe identificar en nuestro ordenamiento".

Y sobre el hecho de que las grabaciones se hicieran en sede parlamentaria, el fiscal explica que no se dan las circunstancias del artículo 434 sobre la malversación: "La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración estatal o entidad estatal, autonómica o local u organismo dependiente de alguna de ellas". El fiscal entiende que esa situación no se da y que el resto de referencias del escrito de las Cortes están siendo investigadas por un juzgado, lo que impide a la fiscalía actuar.