Maragall y cuatro consejeros exaltan el proyecto en un acto institucional

El portavoz del Ejecutivo catalán aclara que no habrá más actos explicativos

Ajenos a la resolución del Tribunal Supremo y a la misma hora que ésta se hacía pública, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y cuatro de sus consejeros protagonizaban en Barcelona un acto institucional para explicar el nuevo Estatuto. En clave positiva y con todo lujo de detalles. Ninguno de los participantes al acto pidió explícitamente el voto en el referéndum pero sí abundaron las expresiones de firme apoyo al texto. Tanto las llamadas a la participación como la realización de campañas explicativas del Estatuto por parte de la Generalitat ha quedado prohibida por decisión judicial.

Al acto de ayer asistieron los cuatro consejeros del área social del Gobierno catalán: Marina Geli (Salud), Joan Manuel del Pozo (Educación), Carme Figueras (Bienestar y Familia) y Ferran Mascarell (Cultura). Uno a uno, leyeron los artículos del nuevo Estatuto referentes a estas áreas destacando los avances en materia de autogobierno y recordando la obra del Ejecutivo de Maragall en los últimos dos años y medio. Aunque el presidente aclaró nada más empezar que el de ayer no era "un acto electoral para pedir el voto" las intervenciones de alguno de los consejeros dio lugar a todo tipo de dudas.

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Mascarell, por ejemplo, repasó algunos de los puntos de la nueva carta autonómica, y dijo: "Todo esto se constituye en el Estatuto que tendrán la oportunidad de apoyar en los próximos días".

Por la tarde, con pleno conocimiento de la decisión del Tribunal Supremo y tras afirmar que el Gobierno catalán acata la resolución, el consejero portavoz, Joaquim Nadal, afirmó que el Gobierno autónomo no tiene previsto celebrar nuevos actos explicativos sobre el Estatuto. Fuentes de Presidencia aclararon que esto no implica que Maragall y los consejeros puedan citar artículos del Estatuto en sus actos públicos o destacar los avances que éste implica. Asimismo, los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando la presentación de un nuevo recurso para que esta situación no se repita en el futuro. No aclararon, sin embargo, si tal recurso se presentaría ante el Supremo o ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.

La resolución del Supremo centró la quinta jornada de campaña electoral en Cataluña, un día que Convergència i Unió también aprovechó para endurecer su oposición y tratar de hacer más visible la minoría parlamentaria del Ejecutivo de Pasqual Maragall en un tema tan complejo como la convocatoria de elecciones anticipadas.

CiU anunció que presentará una moción en el Parlamento instando a convocar elecciones antes del 1 de septiembre, fecha de inicio del nuevo curso parlamentario. La moción será votada en el pleno del próximo día 22, después del referéndum, y puede resultar una auténtica bomba de relojería pues, aunque el presidente es el único con potestad para convocar elecciones, todos los partidos que en su día apoyaron al Gobierno menos el PSC ya han exigido la celebración de comicios en octubre, como muy tarde. Quedará por ver si estos partidos, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, quieren alinearse con Convergència i Unió para dejar en minoría al Gobierno catalán.

Los convergentes también piden en su moción que el Gobierno no apruebe ningún decreto antes de consultar al Parlamento en lo que queda de legislatura. Y es que los nacionalistas están muy preocupados por cómo se gestionan determinados planes urbanísticos y por la venta de la participación de la Generalitat en la empresa de telecomunicaciones Al-pi. En medios nacionalistas también existe preocupación por las próximas adjudicaciones de nuevos canales de televisión digital terrestre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0006, 06 de junio de 2006.

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