La empresa pública GISA privatizará hasta el 55% de las obras públicas licitadas este año

GISA, la empresa pública de la Generalitat, prevé privatizar hasta el 55% de las obras públicas que se licitarán este año, según la presidenta de la constructora, Pilar de Torres. De los cerca de 1.800 millones de euros que se licitaron en 2005, el 25% se concedió a empresas que asumirán su construcción, explotación y mantenimiento. La Generalitat pagará alquiler por ellos, lo que le permitirá diferir su coste. Sin embargo, De Torres confía en que el nuevo sistema de financiación que prevé el Estatuto aporte los recursos suficientes para recurrir menos a la financiación extrapresupuestaria.

GISA, adscrita al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, prevé que este año se liciten obras por un valor de entre 2.000 y 2.700 millones de euros, dependiendo de si se puede incorporar el Eje Transversal Ferroviario. Para sufragar estas cantidades, la Administración catalana recurrirá a la financiación privada, que alcanzará el 39% si no se incorpora la nueva red de ferrocarril y del 55% en el caso de que puedan cumplir las previsiones y licitarla en noviembre.

La empresa de la Generalitat se valdrá principalmente de dos instrumentos: los peajes en la sombra y los derechos de superficie, según explicó De Torres en unas jornadas sobre proyectos público-privados organizado por el centro universitario La Salle. La directora de la división de Edificación de Gisa, Carme Deulofeu, argumentó las ventajas de estos métodos. "Permiten diferir el coste financiero a lo largo del periodo de uso y no tienen repercusión en el déficit público", apuntó.

Financiar carreteras

El primero, el peaje en la sombra, consiste en dejar en manos del capital privado la construcción, el mantenimiento y la explotación de una carretera y luego abonar un canon a las empresas en función, por ejemplo, del número de vehículos que empleen una autovía. De las licitaciones previstas para 2006 -sin contar el Eje Transversal-, estos peajes permitirán financiar obras por valor de 270 millones de euros.

El segundo método, el de los derechos de superficie, se emplea sobre todo para equipamientos como comisarías, cárceles y juzgados. Una empresa financia, por ejemplo, la construcción de una cárcel, la cede a la Generalitat en régimen de alquiler y ésta paga un canon por su uso. Esta forma de arrendamiento alcanzará los 377 millones de euros. Prácticamente la totalidad de las licitaciones que corresponden al Departamento de Justicia y el 56% de las de Interior emplean este método.

"El año pasado se concedieron 15 peajes en la sombra, y este año habrá más. Este sistema permite alargar la relación entre la Administración y el concesionario. Antes duraban dos o tres años, el tiempo de la edificación. Ahora es más a largo plazo", señaló De Torres. Deulofeu explicó que el periodo medio de concesión de la infraestructura está entre 25 y 30 años.

Sin embargo, este sistema de colaboración entre los sectores público y privado perderá peso cuando entre en vigor el sistema de financiación que considera el nuevo Estatuto. De Torres señaló que "probablemente" seguirán empleando los peajes en la sombra, mientras que perderán peso los derechos de superficie.

El empleo del Instituto Catalán de Finanzas-Equipamientos también permite que la Generalitat no repercuta obra pública en su deuda. Se trata de una filial del ICF creada para la promoción y gestión de equipamientos de uso público. A cambio, la Generalitat le paga un alquiler por su uso.

La búsqueda de financiación privada para sufragar la obra pública es un método que ya se ha usado en otros países y comunidades. Pero los Ayuntamientos también han hecho sus pinitos, sobre todo en el caso de la vivienda pública.

En 2002 nació la sociedad Viviendas Sociales en Renta (Visoren), que construye pisos sociales de alquiler con un método parecido a los derechos de superficie, sólo que es el arrendatario quien lo paga. Las administraciones locales les ceden suelo de su titularidad por un periodo de entre 30 a 65 años. La sociedad construye las viviendas, las explota, gestiona y mantiene durante este periodo. Cuando vence este plazo, los pisos pasan a ser del Ayuntamiento.