El dinero negro se hace fuerte en España

El valor del patrimonio decomisado en las operaciones policiales contra el blanqueo de capitales realizadas en los últimos 12 meses supera los 4.000 millones de euros, una cifra que es 100 veces superior a la registrada en el año 2000. Estas actuaciones han puesto de manifiesto ante la opinión pública la enorme fortuna que acompaña a los delincuentes de guante blanco y la corrupción que generan las redes de ocultación de dinero. Sin embargo, detrás de estas operaciones está el pulso que mantienen Interior y Hacienda por hacerse con la competencia de la policía fiscal. España es el país de Europa con más factores de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero.

El duelo entre ambos ministerios por el control de una policía fiscal se está resolviendo a favor de Interior, que ha unificado y reforzado sus unidades de investigación en materia de delitos económicos y ha protagonizado las operaciones más espectaculares. "No creo que haya dudas de quién es la verdadera policía fiscal", aseguró a este periódico un alto cargo de Interior.

Europol advierte de que la pista del dinero de muchas organizaciones criminales conduce a una ruta española

El Gobierno español tiene dificultades para aprobar el examen del Gafi, el organismo que lucha contra el lavado

El patrimonio decomisado por blanqueo en los últimos 12 meses es 100 veces superior al obtenido en el año 2000

Ocho funcionarios en Málaga se encargan de la inspección de 2.048 sociedades

Hacienda ya detectó a los testaferros de Roca en 2001, pero no avanzó en la investigación

Y es que España es el país de Europa más atractivo para el capital sucio, según los expertos. Aunque es un fenómeno de difícil cuantificación, hay síntomas que desvelan la magnitud del problema. Uno de ellos, es la proliferación de billetes de 500 euros en nuestro suelo: ya casi uno de cada tres en circulación en toda la UE.

A la vista de estos síntomas, no es extraño que el Gobierno español se salve con apuros del suspenso en el examen al que está siendo sometido por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo intergubernamental que promueve medidas contra el lavado de dinero. Aunque el informe final no está concluido, fuentes consultadas por este periódico reconocen que España "ha tenido dificultades para aprobar la mitad de las 49 recomendaciones del Gafi". "En 11 de ellas", añade dicha fuente, "estaba suspendida y ha logrado evitar esa nota tras muchas reuniones". Todo apunta a que el Gafi señalará que en España hay un exceso de organismos y comisiones encargadas de la lucha contra el fraude y que están poco coordinados. El Gafi será especialmente crítico con el Banco de España, a quien animará para multiplicar el número de comunicaciones sospechosas y mejorar su relación con el Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales). Aunque el número de estas comunicaciones creció en 2004 (de 2.414 a 1.598 en 2003) es muy bajo respecto a otros países de nuestro entorno, caso de Francia (más de 20.000).

La opinión pública española ha asistido atónita en el último año a un carrusel de operaciones policiales que han llevado a la superficie a una nueva saga de profesionales de guante blanco y gustos caprichosos que ayudan a retratar una faceta hasta ahora poco conocida: el blanqueo de dinero.

Juan Antonio Roca, un ingeniero de minas convertido por azares del destino en gerente de urbanismo de Marbella, tenía un valioso Miró en el cuarto de baño, un tigre en el jardín y una cuadra de pura sangre en su finca favorita. Roca coleccionaba carruajes antiguos, se hizo edificar una capilla decorada con tallas de la Edad Media y, entre sus cientos de posesiones inmobiliarias valoradas en más de 2.000 millones de euros, poseía tres palacetes en las calles más caras de Madrid.

El abogado Fernando del Valle tenía otros gustos no menos valiosos: disfrutaba viajando en sus propios aviones, coleccionaba coches antiguos y contrataba exclusivamente personal femenino en sus empresas. Naturalmente, las sociedades que gestionaba tenían en su haber más de 200 inmuebles en la costa. El valor de los bienes incautados superaba los 600 millones.

Francisco Guijarro, un discreto empresario que se dedicaba a la compra y venta de sellos, tenía una discoteca en su chalet de La Moraleja, en Madrid, junto a algunas obras de arte. En este caso, su gusto por el coleccionismo era más prosaico: guardaba una bolsa con 12 millones de euros en billetes de 500 en un falso tabique.

Otros personajes detenidos en operaciones como Tacos, Saco, Florencia y un largo etcétera tuvieron menor repercusión pública, pero no así la cuantía de los bienes incautados.

¿Qué hay detrás de estas espectaculares operaciones sobrevenidas en tan breve tiempo? Los expertos apuntan al empeño del anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, por crear un cuerpo de policía fiscal dependiente de su ministerio. Interior, bajo su mandato, fue muy reticente a que esa competencia terminara siendo una exclusiva de Hacienda. En tiempo récord, la Comisaría General de Policía Judicial ha agrupado bajo una misma unidad a todas las brigadas de investigación en delitos fiscales, económicos, monetarios y tecnológicos, con más de 170 policías especializados. En algunos casos, como la sección de blanqueo de capitales, ha triplicado los efectivos, de 10 a 30.

Los resultados han sido espectaculares y, en el intervalo entre la Semana Santa de 2005 (operación Ballena Blanca) y la de 2006 (Malaya), la policía ha incautado bienes y dinero por un valor que ronda los 4.800 millones de euros, una cifra que multiplica por 100 lo obtenido en el año 2000, según datos de Interior.

Hasta que la policía no llamó al timbre de su puerta, determinados personajes pudieron disfrutar de sus fortunas sin que las autoridades fiscales hubieran actuado eficazmente contra sus patrimonios, ocultos bajo una maraña de sociedades. En algunos de estos casos, Hacienda había detectado irregularidades pero no había pasado a la acción, un hecho que despierta críticas entre los mandos policiales: "¿Por qué, cuando Hacienda entiende que hay indicios de delito, no acude inmediatamente a la policía?", se pregunta un mando policial.

La investigación del blanqueo de dinero es una actividad relativamente joven en España, caracterizada por la dispersión de unidades y la ausencia de una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria, o lo que es lo mismo, entre Interior y Hacienda, salvo en todo lo que afecta a los casos de narcotráfico.

La investigación de las redes financieras de las organizaciones criminales fue durante años una asignatura pendiente, al igual que la aplicación de técnicas policiales en la investigación del fraude fiscal. Esta ha sido una vieja reivindicación de las organizaciones de inspectores y técnicos de Hacienda, así como de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han reclamado durante años sin éxito la creación de una policía fiscal bajo el mando de Hacienda.

Por su parte, las fuerzas de seguridad contaban con unidades pequeñas, creadas a partir de 1993 para la investigación de las tramas financieras de los capos gallegos, que atesoraban una gran fortuna ante la pasividad de las autoridades fiscales. Aquellas investigaciones rindieron los primeros frutos y algunos de esos patriarcas de la droga vieron cómo disminuyó un patrimonio repartido entre familiares y amigos insolventes. En febrero de 2003, un juez pudo sentenciar a Manuel Charlín Gama a 104 años de cárcel por blanqueo de capitales. La justicia pudo acreditar que la suerte de los Charlines con la lotería tenía otra explicación: habían logrado adquirir 2.281.191 euros en billetes de lotería premiados que correspondían a tres premios gordos de la Lotería Nacional, uno de la Loto y un gordo del cupón de la ONCE. Blanquearon dinero comprando décimos premiados, una práctica que ahora mismo parece un tanto anticuada a la vista de las prácticas de los modernos blanqueadores.

Desde entonces, la investigación del fraude fiscal y del delito económico siguió por caminos divergentes, entre frecuentes problemas de descoordinación. La resolución de algunos casos se alargó excesivamente en el tiempo. El panorama resultaba preocupante en un país, como España, al que los analistas consideraban como muy vulnerable al riesgo de blanqueo. Jesús Mardomingo y José Antonio Montreal, expertos del bufete Cuatrecasas, apuntan hasta 9 factores de riesgo; ser territorio natural en la entrada de drogas, la existencia de bandas organizadas de distintas nacionalidades, tener una economía sumergida que el mismo Banco de España sitúa en el 20% del PIB, la indisciplina tributaria del ciudadano medio, "un régimen penal que ha dado muestras de agotamiento", "el hecho de recibir más de 50 millones de turistas extranjeros", el terrorismo y "la particular situación del mercado inmobiliario".

La suma de estos factores de riesgo ha convertido a España en un país muy tentador para la inversión de capitales sucios, sobre todo por lo que afecta a un sector inmobiliario pujante, que admite dinero negro y ofrece plusvalías en breve plazo. En reuniones de Europol, el cuerpo policial europeo, funcionarios de otras policías señalaban que, en lo tocante al movimiento de capitales, había una predisposición de las organizaciones criminales de sus propios países a enviar su dinero a España. Podía hablarse de una "ruta española".

La incapacidad de Hacienda para combatir adecuadamente el blanqueo de dinero ha sido denunciada por sus propios funcionarios. "Aquí pasa algo que en el resto de países no sucede", dice José María Peláez, presidente de la asociación de inspectores de Hacienda. "Se elaboran muchos planes de control, se establecen muchas líneas prioritarias, que luego no se pueden cumplir porque no ha cambiado nuestra forma de trabajo. Son medidas cosméticas, como afirmar que se sacarán los inspectores a la calle, que no han servido de nada. Las unidades de investigación de Hacienda trabajan con tan poca intensidad por falta de medios que es igual que no hacer nada. ¿Qué puede hacer una unidad de cuatro miembros si tiene que investigar una gran empresa al mes y sólo hay 11 unidades en toda España?". "Tenemos la administración más avanzada del mundo para vigilar al pequeño contribuyente", termina Peláez. "Sin embargo, en control del fraude estamos en la Edad Media".

José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, la asociación que agrupa a los técnicos financieros de Hacienda, ha solicitado reiteradamente que los 8.000 técnicos puedan incorporarse a las labores de inspección y lucha contra el fraude. "Se trata de poner más medios en el control de las empresas que más dinero facturan y en sectores tan sensibles al blanqueo como la construcción".

Un caso paradigmático es el de Málaga. No hay puestos propios de investigación contra el blanqueo y sólo tres unidades de auxilio judicial (dos en Sevilla y una en Málaga) que la forman cinco subinspectores y tres inspectores, de tal forma que la Agencia Tributaria sólo dedica dos subinspectores a la investigación judicial de los casos Ballena Blanca y Malaya. "¿Cuánto tiempo les va a llevar a estos dos subinspectores analizar la documentación incautada para esclarecer estas tramas?", se pregunta Mollinedo. Este dato contrasta con los cerca de 100 funcionarios policiales dedicados a la investigación de ambos casos.

Hacienda no permite que los técnicos inspeccionen empresas que facturen más de 1,8 millones de euros y sólo destina a esa labor a los inspectores (un colectivo de 1.500 miembros de los que la mitad ocupan cargos de confianza). Es decir que, según la relación de puestos de trabajo, hay ocho inspectores en Málaga para analizar 2.048 sociedades que facturan entre 1,8 y seis millones de euros. La asociación Gestha ha solicitado al ministerio a que habilite a los más de 2.000 subinspectores actuales para colaborar en estas labores de inspección. A estas reivindicaciones se unen los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han solicitado intervenir activamente en los trabajos de inspección.

El caso de Málaga es especialmente significativo por los problemas que se han detectado en el transcurso de los últimos años en el seno de la Agencia Tributaria. Allí se ha dado el caso de dos inspectores que solicitaron la excedencia para dedicarse al asesoramiento fiscal en un despacho independiente, inspectores que en noviembre de 2003 fueron detenidos por la policía por intento de soborno a un inspector de Hacienda de Málaga con ocasión de la investigación que realizaba sobre una empresa marbellí.

A pesar de todo, la inspección de Málaga había llegado a identificar testaferros, despachos de abogados y empresas en el entorno de Juan Antonio Roca que luego dieron lugar a la operación Malaya. También Hacienda había detectado algunas de las empresas del entramado de la operación Ballena Blanca. Sin embargo, estas investigaciones no progresaron. De hecho, un informe interno en Hacienda con fecha de 5 de julio de 2001, respecto a las empresas y testaferros de Roca (se había detectado al despacho de abogados de Madrid), señalaba "la importancia de este entramado de sociedades", recomendaba una "actuación coordinada" y "recabar al fiscal un informe de delitos". Dicha recomendación no se llevó a cabo. Cinco años después, Roca era detenido en el marco de una investigación efectuada por la policía.

Nicolás Bonilla, director de Aduanas, reconoce que se está cambiando el diseño de las unidades de investigación en la lucha contra el fraude para dar entrada a equipos conjuntos de inspectores y funcionarios de vigilancia aduanera. "Estamos cambiando el rumbo y de la comprobación típica vamos girando hacia la investigación". Bonilla habla de unos excelentes resultados en las operaciones donde ha intervenido la Agencia Tributaria: "El 2005 doblamos los resultados del 2004 y este año vamos un 40% por encima".

La policía considera que este esfuerzo es insuficiente y reclama más competencias para Interior: tener acceso directo a las bases de datos de la Agencia Tributaria. La disputa por la hegemonía en la policía fiscal sigue su curso.