Los partidos catalanes utilizan el referéndum para hacer promesas de los próximos comicios

Primer día de campaña del referéndum del Estatuto de Cataluña y buena parte de los líderes políticos ya han roto el pacto no escrito, aunque implícito, de no mezclar esta campaña con las elecciones autonómicas adelantadas que han de celebrarse antes de fin de año. Abrió el fuego el presidente de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, al prometer, ante un nutrido grupo de empresarios, la supresión del impuesto de sucesiones si gana las elecciones. Apenas unas horas después ya le rebatió el portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Joan Ridao.

Ridao aceptó que el impuesto de sucesiones puede ser revisado, pero no suprimido. El líder republicano criticó que el hecho de que se haya prácticamente eliminado en algunas comunidades autónomas hace que "haya determinados patrimonios familiares que pueden tener la tentación de ir a tributar fuera de Cataluña".

La onda expansiva de la primera promesa electoral de Mas alcanzo a su propio socio de coalición, Unió Democràtica. El líder de esta formación, Josep Antoni Duran Lleida, desconocía la promesa de Mas y le reprochó que rompiera ese acuerdo tácito de no mezclar la campaña del 18-J con las elecciones autonómicas.

Mas tiene dos objetivos claros. Uno, pelear por el sí al Estatuto, y otro y tan importante, recuperar en las autonómicas el Gobierno de la Generalitat que su coalición perdió en 2003.

Todo indica que no va ser una campaña tranquila exclusivamente centrada en el Estatuto. En algún caso, se emplea para disputas ajenas a las que ya de por sí genera la reforma estatutaria.

El objetivo del Partido Popular está muy claro: utilizar el no como un dardo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy, que tenía previstos cuatro mitines en Cataluña, ha decidido a última hora que sean seis.

Financiación

En los mítines de ayer se pudo observar cómo los partidos ya calculan las políticas que se pueden llevar a cabo con el nuevo marco financiero que salga de los acuerdos posestatutarios. La consejera de Bienestar y Familia, la socialista Carme Figueras, afirmó, por ejemplo, que el objetivo de su partido es dedicar la mitad del incremento económico que comportará el Estatuto a políticas sociales. También consideró que la nueva financiación, "sea cual sea" la cantidad de más que suponga, comportará "un importante salto adelante" y tendrá "mucha repercusión en la vida de los catalanes". Todo esto, según Figueras, permitirá construir el cuarto pilar del estado del bienestar: los servicios sociales universales.

Para Convergència, el nuevo sistema de financiación permitirá reducir a la mitad el déficit fiscal de Cataluña en un plazo de siete años. En cambio, el portavoz de ERC, Joan Ridao, destacó ayer que el Estatuto no incluye un nuevo modelo de financiación, sino unos meros retoques del viejo, el basado en la cesta de impuestos. Lo único que se le ha añadido es un compromiso de mejorar las inversiones del Estado en infraestructura en Cataluña durante siete años.

Los independentistas insisten en que el proyecto que se somete a referéndum fue sometido a un cepillado de tal magnitud en las Cortes, según la terminología del socialista Alfonso Guerra, a quien no dejan de aludir, que en realidad ha sido "desnaturalizado". Mientras los partidarios del sí se dedican a comparar el nuevo Estatuto con el que ha estado vigente desde 1979, los republicanos lo comparan sistemáticamente con el proyecto remitido a las Cortes el 30 de septiembre de 2005 por el Parlamento catalán.

Su principal ponente en la redacción del nuevo Estatuto, Joan Ridao, explicó ayer detalladamente el recorte: de los 247 preceptos que contiene el proyecto, las Cortes modificaron 160, que representan el 65%. De 70 competencias que inicialmente se proponía definir como "exclusivas plenas", 63 fueron modificadas. De 17 decisiones que se remitía inicialmente a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, han quedado sólo tres. De los 10 servicios de titularidad cuya gestión inicialmente se proponía traspasar a la Generalitat (puertos, aeropuertos, becas, etcétera), no ha quedado ninguno.

Por el contrario, el ministro de Industria y primer secretario del PSC José Montilla defendió las bondades del texto reformado y afirmó que, en esta campaña, el enemigo a combatir es el PP. Tras todas las mentiras que han dicho, declaró, finalmente se impondrá la realidad "porque las mentiras aguantan mal el paso del tiempo".