El impulso del Gobierno para mantener vivo el proceso
Fue al filo del pasado fin de la semana, según distintas fuentes, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a una conclusión: el proceso de final dialogado de la violencia, a falta de un nuevo impulso, corría el riesgo de empantanarse. Esa percepción no estaba determinada por el mundo de los hechos. La actividad terrorista de la banda ETA continúa paralizada a algo menos de dos meses y medio del alto el fuego permanente. Más bien era resultado del mundo de las palabras. Es decir: el posicionamiento de las fuerzas políticas, las declaraciones y las ruedas de prensa, y el impacto de todo ello en el ámbito judicial.
El presidente del Gobierno decidió que al hilo del debate sobre el estado de la nación y de su comparecencia la semana próxima en el Congreso -quizá después del martes 6- era necesario preparar la maquinaria. Ante la inquietud del mundo abertzale de Batasuna cara a su comparecencia judicial (del miércoles y de ayer jueves), el presidente resolvió autorizar al Partido Socialista de Euskadi a anticipar la noche del martes pasado, tras el duelo con Rajoy, que se reunirá con esa organización ilegalizada después de que Rodríguez Zapatero acuda a las Cortes. Asimismo, en su debate con el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, arropó esa decisión con el argumento de que el diálogo político podrá hacerse en paralelo a los previsiblemente prolongados contactos entre el Gobierno y ETA.
Iniciativa
La idea es que el Gobierno apuesta por este proceso y tiene que hacer lo que deba hacer, con independencia de los mensajes que proceden del mundo de las palabras. En otros términos, al margen de lo que el PP pueda declarar o de lo que los jueces independientes puedan resolver. Lo que Rodríguez Zapatero, dijeron las fuentes consultadas, quería dejar clara es la iniciativa del Gobierno.
En el ámbito judicial, por ejemplo, a través del escrito que el teniente fiscal Jesús Santos ha presentado al juez Fernando Grande-Marlaska, según el cual la jurisprudencia del Supremo no permite incardinar las declaraciones y ruedas de prensa de los dirigentes de Batasuna que comparecieron el miércoles y jueves como un delito de amenazas terroristas, ni tras el alto el fuego se aprecia reincidencia en el presunto delito de colaboración con banda armada.
El ajuste de la posición de Rodríguez Zapatero consiste, pues, en mantener la iniciativa en todo momento y evitar una parálisis a la que podría conducir actuar con el rabillo del ojo pendiente de los exabruptos de los dirigentes provocadores de Batasuna, de la intervención pública permanente del Partido Popular como si se tratase de una campaña electoral o de las resoluciones judiciales.
El presidente, señalan las fuentes consultadas, se ha decidido a mantener el rumbo firme, en la convicción de que el proceso es más fuerte que los embates que se ciernen sobre él.
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