Privatizaciones y fractura del sistema sanitario público
De todos los servicios públicos el más valorado por los ciudadanos es el sistema sanitario. Así se registra en todos los sondeos de opinión. Es lógico, porque cumple una función vital y además lo hace razonablemente bien. Por eso habría que cuidarlo y los ciudadanos deberían estar vigilantes ante cualquier intento de socavar sus cimientos. Este sistema está caracterizado por tres ejes fundamentales: aseguramiento único con financiación pública, equidad en el acceso a las prestaciones y control por los representantes de los ciudadanos de su planificación y gestión. Lamentablemente, el ataque sistemático a los cimientos de la sanidad valenciana como servicio público ha avanzado ya un buen trecho de la mano del Partido Popular, con Zaplana antes y con Camps ahora.
Desde la llegada del PP a la Generalitat en 1995 y más en los últimos tiempos su planteamiento ha sido la de romper estos ejes a favor de las aseguradoras privadas de manera que con el tiempo y si alguien no lo remedia los valencianos si quieren ser atendidos de forma ágil deberán recurrir a seguros privados complementarios, rompiéndose así el principio de aseguramiento único, ya que esos contratos por razones obvias no son accesibles a la gran mayoría de ciudadanos.
En el momento actual, el gobierno presidido por F. Camps ha establecido que los nuevos hospitales y centros de salud de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx sean de construcción, planificación y gestión privada. La población atendida a través de este modelo superará el 25% de los valencianos. Esta fórmula de gestión y de financiación del conjunto de la atención sanitaria pública en determinadas comarcas se caracteriza por los siguientes rasgos básicos: la Generalitat Valenciana paga a las empresas concesionarias una cantidad fija por cada ciudadano con derecho a la atención sanitaria del ámbito de influencia del hospital, haga o no uso de los servicios, durante un periodo de tiempo, prorrogable, estipulado en los contratos, que oscila entre 15 y 25 años. Con esa financiación la empresa adjudicataria construye el hospital y los centros de salud adicionales y los pone en funcionamiento para atender a los enfermos con aseguramiento público, pero y aquí está una parte del negocio, la empresa adjudicataria también puede atender en esos centros sanitarios, que se han construido y dotado tecnológicamente con los impuestos de todos, a pacientes con pólizas de seguro privadas ya sean de su propia empresa o de otras aseguradoras. Es decir, los valencianos por medio del Partido Popular estamos financiando la construcción de hospitales a las aseguradoras privadas, que los incluyen en su oferta particular de servicios.
Una vez roto este principio, inmediatamente y por pura lógica empresarial se rompe el principio de equidad. El número de pólizas de seguro de asistencia sanitaria parece que alcanzó techo hace tiempo. En su memoria anual de 2001, el presidente de Adeslas explicaba que aunque cada año se emiten más pólizas, también cada año crece el número de bajas. Esta circunstancia la achaca a que, como la mayor parte de los asegurados están también protegidos por la sanidad pública, cuando prevén que no van a precisar asistencia cancelan su póliza. Para el presidente de Adeslas, las aseguradoras privadas tienen un problema de fidelización y por tanto de limitación de la cartera de clientes... puede que el modelo Alzira sea la solución a parte de sus problemas. Las aseguradoras privadas tienen pues un doble objetivo respecto a sus pólizas particulares: no perder clientes e incrementar su número. Las empresas, para alcanzar estos fines, tienen que ofertar alguna ventaja adicional en relación con la atención pública, como es la rapidez en la asistencia. Así, la aseguradora Adeslas, en La Ribera, se promociona anunciando el hospital de Alzira como propio y garantizando asistencia inmediata. Sin embargo, en ese mismo hospital para ciudadanos de la comarca con aseguramiento público hay lista de espera en diferentes especialidades, por lo tanto para la empresa pueden haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, rompiendo así el principio de equidad e igualdad.
La planificación, es otro principio que se fractura. Son las empresas aseguradoras en función de sus intereses económicos las que determinan qué especialidades y recursos debe tener cada hospital para que les sea rentable, hipotecando incluso el desarrollo de los hospitales públicos. Es conocido, por ejemplo, que durante mucho tiempo, la analgesia epidural en el proceso del parto se ofertaba universalmente en el hospital de la Ribera mientras que en los hospitales de Gandia y Xàtiva la oferta era muy limitada, introduciendo desigualdades según lugar de residencia. Como consecuencia las ciudadanas de esas comarcas requerían ser atendidas en el hospital de Alzira. El hospital de la Ribera factura, a la Consejería de Sanidad, por cada parto atendido de fuera de la comarca una cantidad que supera ampliamente la que recibe por el conjunto de la atención de cada ciudadano de la comarca. Recientemente hemos conocido que empresas candidatas a la posible adjudicación privada de la construcción y gestión del nuevo hospital de Elx planteaban, con legítima lógica empresarial, la ampliación de la población a la que debe dar asistencia o la inclusión de nuevas especialidades, modificando así lo inicialmente previsto por la Consejería de Sanidad, basado "teóricamente" en criterios de planificación.
Por último, la gestión de las empresas adjudicatarias escapa al control público: sus cuentas no son revisadas por la Sindicatura, evita el control parlamentario -como hemos podido comprobar-, la contratación de personal elude los principios de mérito y capacidad, abriendo la puerta al clientelismo más burdo. Finalmente este modelo en manos del Partido Popular introduce sin control la arbitrariedad y la falta de transparencia en el manejo de un segmento cada vez más importante del presupuesto público. Además, si añadimos a todo ello los sobrecostes, el descontrol económico y los problemas de calidad de otros experimentos similares, podemos concluir que el elevado coste en términos sociales del modelo sanitario del Partido Popular es un argumento más, y de peso, para pensar en la necesidad y urgencia de un cambio. Son ya demasiados los elementos vitales de nuestro modelo social que ha puesto en riesgo una política que prima, ante todo, los intereses privados, de grupos, e incluso de personas físicas o jurídicas concretas, frente a los intereses públicos, a los intereses del conjunto de la ciudadanía.
José Mayans y C. Julián son miembros del colectivo Lluís Alcanyís, Mª José Mendoza es médico y diputada socialista, y Ricardo Campos es coordinador de la organización sectorial de Sanidad del País Valencià del PSPV-PSOE.
