El juez Ibarra cifra en 12.000 euros el coste de repatriar a 'sin papeles'

Los dos magistrados de la jurisdicción Contencioso Administrativa que participaron ayer en la última sesión de las segunda jornadas Informar en Justicia, Juan Luis Ibarra y Miguel Ángel Carbajo, contextualizaron los problemas reales donde se mueven los jueces a la hora de aplicar la legislación vigente en la UE y en España. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, dibujó la contradicción que existe en las sociedades avanzadas europeas porque, por un lado, a los sin papeles se les reconoce una serie de derechos como la sanidad, ayudas a la vivienda o el acceso al salario social (en breve, en Euskadi, si están empadronados). Pero, por otro, mientras su situación administrativa no se regularice, están "condenados" a una situación de sujeto paciente jurídico y su supervivencia social está jurídicamente "demediada".

En ese sentido, Ibarra vaticinó que, si no median cambios estructurales, se producirán "crisis" y brotes de xenofobia. El magistrado recordó además el coste que tiene la expulsión de los inmigrantes irregulares cuando se producen las repatriaciones: "No menos de dos millones [de las antiguas pesetas] por persona", dijo. El año pasado fueron expulsados 45.000 indocumentados.

A su juicio, resulta "contradictorio" que, pese a estar en situación irregular, estas personas extranjeras reciban algunos beneficios en asistencia social. Ello provoca que la situación "sea apetecible" para una parte de la sociedad con ingresos muy por debajo del salario mínimo, en alusión a los inmigrantes que proceden de África subsahari!ana o de los países más pobres de Latinoamérica. "Es imposible que no traten de venir, y [la situación] acabará provocando reacciones de xenofobia", pronosticó.

Sin fórmulas intermedias

Por su parte, el magistrado de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Oviedo, Miguel Angel Carbajo, insistió ayer en que no existen "fórmulas intermedias" para los inmigrantes indocumentados, a los que sólo cabe "legalizar" o "devolverlos" a sus países de origen. Carbajo explicó los problemas cotidianos con los que se encuentran los jueces en materia de extranjería, dado que las órdenes de expulsión, en primera instancia, no son fácilmente ejecutables. Al mismo tiempo denunció que, en muchas ocasiones, las mismas mafias que traen "engañadas" a mujeres y les obligan a prostituirse contratan abogados que encuentran los resquicios que tiene la ley, el reglamento o determinadas instrucciones en vigor para sortear las expulsiones. Carbajo se preguntó por el tipo de inmigración que la UE está dispuesta a aceptar, ya que "se trata de tener ciudadanos europeos, y no de tener esclavos".

El presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, la fiscal jefe, María Ángeles Montes, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, clausuraron las jornadas. De Miguel anunció que las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia de San Sebastián incluirán una oficina de prensa con señal institucional.