La cámara urbana alavesa demanda a Vivienda por parar el cobro de recibos

La nueva Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, surgida tras la intervención gubernamental de esas entidades, ha demandado a la consejería de Vivienda ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo por ordenar la paralización de una remesa de recibos que giró a unos 40.000 propietarios de Vitoria a través de la Caja Vital. La entidad de ahorro no llegó a paralizar los cobros, pero al tratarse de una orden de un departamento del Ejecutivo es posible que deba tenerla en cuenta para sucesivas remesas de recibos.

La nueva cámara entiende que el Ejecutivo no puede intervenir a una asociación privada, sobre todo cuando el cobro de recibos a través de la Vital no vulnera ningún derecho y se hizo tras consultar a la Agencia Española de Protección de Datos. La nueva entidad preguntó sobre el procedimiento más adecuado para utilizar las bases de datos de la anterior cámara sin vulnerar los derechos de los propietarios. Acto seguido, esperó hasta disponer de la respuesta para girar a través de la Vital los recibos, que suman más de 240.000 euros.

El Ejecutivo no disponía de la respuesta de la agencia cuando el viceconsejero de Vivienda, Javier Deán, remitió una orden a la Vital para que paralizase todos los cobros.

La resolución de la agencia, firmada el pasado 10 de abril por su jefa de servicio y por el abogado del Estado, concluye que los datos bancarios no están "especialmente protegidos", ya que el destinatario puede devolver los recibos (ver EL PAÍS de ayer). Por tanto, permite el "consentimiento tácito" de los afectados, es decir, que una vez comunicado a todos los propietarios que sus datos van a ser incorporados al fichero de una nueva asociación, el usos que se les va a dar y las razones del cambio, la entidad puede pasar los recibos al cobro no sólo a quienes hayan contestado de manera afirmativa, sino también a quienes no hayan respondido.

Comunicación personal

Una de las condiciones que pone la Agencia de Protección de Datos es que se haya comunicado personalmente a todos los afectados y que sea demostrable esa comunicación.

El Gobierno está estudiando cómo comunicar a los miles de propietarios alaveses que pagado unos seis euros de media a la nueva asociación que pueden recibir servicios gratuitos en la sede de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Vivienda quiere poner en marcha una campaña personalizada de cartas a los propietarios de pisos de Álava.

El cobro de los 40.000 recibos resultaba fundamental para la superviviencia económica de la nueva entidad, ya que se quedó sin fondos al intervenir el Ejecutivo las cuentas de la antigua Cámara de la Propiedad tras la entrada en vigor del decreto que las liquida como corporaciones de derecho público.

Los responsables de la nueva asociación alavesa, que al inicio del proceso de liquidación de las cámaras fueron los que menos problemas tuvieron con el Ejecutivo, son los que finalmente están viviendo situaciones más complicadas en su relación con la Administración.

Mientras los rectores de las nuevas cámaras de Vizcaya y de Guipúzcoa han llegado a acuerdos incluso de cesión de locales públicos para que sigan adelante, en Álava la situación se ha enrarecido mucho más. La nueva y la vieja cámara están luchando no sólo por el uso de las bases de datos, sino también por el número de teléfono y por la paternidad de alguno de los servicios que prestan.