Zapatero acelerará su presencia en el Congreso para evitar el bloqueo del proceso

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acelerará su presencia en el Congreso de los Diputados para comunicar a los partidos su decisión de iniciar el diálogo con ETA. Con el aval de la Cámara Baja, Zapatero considera, según fuentes de su entorno, que el proceso de paz entrará ya en una etapa de fortalecimiento y se facilitará su avance, amenazado en estos momentos por el desafío de "bloqueo" de Batasuna y los obstáculos procedentes de sectores sociales vinculados al PP. El presidente del Gobierno ya tiene diseñada la segunda fase del proceso, el diálogo del Ejecutivo con la banda terrorista, que se iniciará poco después de su cita en el Congreso.

Inmediatamente después del debate sobre el estado de la nación, que se celebrará el martes y miércoles próximos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocará el Pacto Antiterrorista, en cuyo marco informará a los dirigentes del PP de la situación en que se encuentra el proceso del final de la violencia. El pacto, suscrito en diciembre de 2000, en plena ofensiva etarra, vincula exclusivamente a los dos partidos susceptibles de ganar las elecciones, PP y PSOE, y tiene como compromiso no hacer concesiones políticas a ETA. Rubalcaba convocará también a la Comisión de Secretos Oficiales para extender esa información a todos los partidos.

Rubalcaba sugiere a Batasuna que reclame su legalización a través de la Ley de Partidos

El siguiente paso, poco después, será la esperada comunicación de Zapatero al Congreso, cuya fecha consultará previamente con el líder del PP, Mariano Rajoy. No obstante, en el mismo debate sobre el estado de la nación, Zapatero hará una referencia a la situación del alto el fuego permanente de ETA, aunque sin pretensiones de debate, como le reclamó Rajoy.

La Moncloa percibe con preocupación, por vez primera, la marcha del proceso, pero sin perder la "esperanza", como dijo el viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Aunque La Moncloa está convencida de que el proceso de paz no tiene marcha atrás, se ha tomado en serio la amenaza de paralización formulada por el dirigente de Batasuna Joseba Permach, si los líderes de este partido son encarcelados el próximo miércoles con motivo de su comparecencia ante el juez Fernando Grande-Marlaska.

Batasuna se encuentra en una situación incómoda pese al alto el fuego de ETA. Su pretensión de iniciar cuanto antes el diálogo político con los partidos vascos tiene un doble obstáculo. Además de la oposición frontal del PP, el PSE y el PNV no tienen prisa en constituir un foro de diálogo político. "Primero la paz y luego la política", dijo el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, tras entrevistarse con Zapatero en La Moncloa. Pese a esa demora, en su intervención del domingo pasado en un mitin en Barakaldo (Vizcaya), Zapatero garantizó el debate político para el futuro.

El problema más grave para Batasuna procede de su ilegalización, que le impide desarrollar su actividad política debido a los diversos frentes judiciales que la formación de Arnaldo Otegi tiene abiertos. Los planes de Batasuna eran cubrir el espacio de la izquierda abertzale inmediatamente después del cese de la actividad criminal de ETA. Cada intervención pública de Batasuna se ha convertido en una nueva causa judicial para sus dirigentes, debido precisamente a su ilegalización.

Ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sugirió a Batasuna que salga ya de esa situación: "Quienes están fuera de juego tienen que estar en el juego. El juego tiene reglas y hay que cumplirlas. Tienen que entenderlo". Esto es, sugirió a Batasuna que reclame su legalidad, acogiéndose a las reglas de la Ley de Partidos. Pero Batasuna ha adoptado la estrategia de no acogerse a esa ley para regularizar su situación si antes no tiene garantías de que sus líderes no van a ser encarcelados por los sumarios pendientes.

Sus líderes, decepcionados porque pensaban que tras al alto el fuego de ETA iban a tener un horizonte de legalidad, han amenazado con "bloquear" el proceso. Este pulso hace temer, por vez primera, una peligrosa paralización, que podría implicar la congelación del diálogo previsto de ETA con el Gobierno, a poco más de dos meses de la declaración de alto el fuego.

Ante esta situación, el dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Rodolfo Ares, hizo un doble llamamiento. En alusión a Batasuna, reclamó que se acoja a la legalidad para entrar en la política, a la vez que comprometió al PSE a defender el "diálogo multipartito", una vez se den las condiciones. Al resto de los partidos e instituciones, incluidas las judiciales, pidió "altura de miras y visión de Estado para asegurar el camino de la paz".

A Zapatero también se le empiezan a presentar obstáculos desde los sectores que rechazan el diálogo con la banda. Tras el desconcierto por la declaración de alto el fuego en el que nunca creyeron, han empezado a reaccionar.

Esta posición la encabeza el secretario general del PP, Ángel Acebes, que el lunes pasado expresó su rechazo a que Zapatero abra el diálogo con ETA. Tras la toma de posición de Acebes se han sucedido la de algunos medios de comunicación, vinculados ideológicamente a los sectores más intransigentes del PP, y la del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que ha anunciado para el 10 de junio una movilización con el fin de impedir el diálogo del Gobierno con la banda terrorista. El Ejecutivo sabe que lo que pretende este núcleo de presión, guiado por móviles electoralistas, es condicionar a algunos de los protagonistas del proceso como fiscales, jueces y policías para boicotearlo.

El Gobierno no va a achantarse y dará un nuevo impulso para entrar rápidamente en la segunda fase: la del diálogo con ETA. Considera que Acebes y otros líderes del PP, salvo Rajoy, no están correspondiendo a la generosidad con que el PSOE actuó con Aznar en la anterior tregua de ETA, de 1998, cuando los socialistas respaldaron el diálogo, ni siguen los postulados del Pacto de Ajuria Enea, que en el pasado los populares asumieron. Esta situación obligará al Ejecutivo a redoblar el esfuerzo para aumentar el consenso social sobre el proceso.

Sin embargo, el Gobierno parte de bases sólidas. Cuenta con el apoyo de los partidos -como reveló la ronda que Zapatero protagonizó en La Moncloa-, y las reticencias del PP se ven compensadas por el respaldo oficial de su líder, Mariano Rajoy, al diálogo del Gobierno con ETA para verificar su final. Zapatero pretende reforzar esa relación y la prueba es la inminente convocatoria del Pacto Antiterrorista, solicitada por Rajoy. Ayer, el secretario de relaciones institucionales del PSOE, Alfonso Perales, resaltó que la actitud "personal directa y clara" del líder del PP es una actitud de "colaboración" con el presidente del Gobierno.

Zapatero cuenta con importantes complicidades sociales, e incluso con el apoyo de una mayoría de las víctimas del terrorismo, como dijo la vicepresidenta en respuesta al desafío de Alcaraz. También con el de la UE y líderes estadounidenses como el ex secretario de Estado Colin Powell. Aunque los escépticos superan a los esperanzados, la mayoría de los españoles quiere un final de ETA por la vía dialogada, según coinciden los sondeos de opinión.