El solar para la planta de residuos tóxicos de la Salzadella es de la cuñada del alcalde

Los concejales del Bloc Nacionalista Valencià en el Ayuntamiento de la Salzadella han presentado un recurso contencioso administrativo con el fin de anular el acuerdo plenario por el que se concedió la declaración de interés comunitario al proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos en el municipio. El argumento principal del recurso se basa en la participación, a su parecer, ilegal del alcalde, Víctor Gallego, del PP, en la votación en la que se aprobó el primer trámite para la ubicación de las instalaciones. Según el Bloc, que se apoya en varios documentos, la cuñada del primer edil es propietaria del solar sobre el que se ubicará la planta. Así lo certifica el contrato de arrendamiento de más de 230 hectáreas entre el familiar del alcalde y Gabeljin, la sociedad que ha presentado el proyecto. El contrato se firmó en enero de 2005 mientras que el acuerdo plenario es del mes de agosto del mismo año, con lo que, en el momento de la votación, ya existía una relación contractual entre el familiar del alcalde y la empresa. Este hecho, según los concejales del Bloc, imposibilitaba la participación del alcalde en la adopción de la decisión, ya que es incompatible tener un familiar, de hasta segundo grado, vinculado a la empresa interesada.

La corporación de la Salzadella está formada por cuatro ediles del PP y tres del Bloc, con lo que un voto resulta decisivo. En cualquier caso, el pleno en el que se aprobó la declaración de interés comunitario para el proyecto contó con el apoyo unánime de todos los concejales aunque, en el caso de los del Bloc, éstos exigieron que quedara constancia de que su apoyo estaba condicionado a que la planta fuera de residuos no tóxicos ni peligrosos. Pese a que, inicialmente, la información que facilitó el alcalde es que se trataba de una instalación para el tratamiento de residuos industriales, finalmente el proyecto abarca también residuos tóxicos y peligrosos. La declaración de interés comunitario era necesaria ya que el municipio no tenía suelo que contara con la clasificación que precisa este tipo de plantas.

El contrato de arrendamiento señala que el interés de la empresa es destinar la finca al "tratamiento, gestión y aprovechamiento de residuos industriales", mientras que no descarta suscribir otros contratos para la explotación de otras fincas de los mismos propietarios "como depósito controlado de residuos urbanos". Su duración es de 20 años. El concejal Sergi Blasco aseguró ayer que "el alcalde se ha equivocado y ha mentido al pueblo".