El Gobierno obligará a contratar seguros a las empresas que comercializan sellos

Afinsa y Fórum Filatélico, o las posibles estafas de estas empresas, mantuvieron ayer la atención del Congreso. Por la mañana, en el pleno, una moción en la que se pide ayuda para los afectados con menos recursos. Por la tarde, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció ante la comisión correspondiente, que el Gobierno está elaborando una propuesta para modificar la legislación básica que afecta al sector para que se conviertan en obligatorias las garantías que ahora son voluntarias, a través de seguros de caución u otras, y se cree un registro obligatorio de este tipo de empresas.

La ministra Salgado compareció por la tarde ante la comisión de Sanidad y Consumo a petición del PP y de CiU. Tras un resumen de la situación y de las medidas de ayuda a los afectados más desfavorecidos, que habían sido reclamadas por la mañana en el pleno del Congreso, la ministra se adentró en medidas de futuro para evitar que se repitan casos parecidos.

Dejó claro que, en opinión del Ejecutivo, las empresas dedicadas a la comercialización de bienes tangibles "no son entidades de crédito, empresas de servicios de inversión ni instituciones de inversión colectiva". "Los sellos no pueden ser asimilados a valores negociables, y no son objeto de negociación en ningún mercado secundario de valores", advirtió Salgado. En definitiva, quienes compraron estos productos pagaron "por una cosa cierta y tangible, el sello, y no por ningún título-valor", precisó.

Como las empresas de este tipo no son consideradas sociedades de inversión, la ministra explicó que el anterior Gobierno, del PP, las dejó fuera "del control de los organismos supervisores de las entidades financieras".

El anuncio fundamental de la ministra Salgado fue que ya se está estudiando la modificación de las normas vigentes para convertir en "obligatorias las garantías" que ahora son voluntarias para los consumidores, "tales como los seguros de caución o cualquier otra que asegure al cliente el cumplimiento de los contratos suscritos". Asimismo, se quieren mejorar los mecanismos de información y publicidad sobre el sector, "incluida la creación de un registro obligatorio" de empresas.

El PP estrenó portavoz en la Comisión de Sanidad: Vicente Martínez Pujalte. La presidenta, Pilar Grande (PSOE), antes de dar la palabra a ningún diputado quiso recordar, en tono coloquial, que suele prevalecer "el buen tono, el buen rollito en esta comisión".

El buen rollito se mantuvo y Martínez Pujalte desgranó una larga serie de preguntas, dirigidas a la ministra, que planteaban una línea de presión clara: ¿Desde cuándo sabía la ministra de irregularidades en las empresas y qué posibles informaciones de irregularidades recibió de otros organismos

Todo indicaba que Martínez Pujalte pretendía achacar al Gobierno responsabilidades por falta de actuación, y la ministra Salgado respondió con contundencia: "¿Desde cuándo lo sé yo? Por lo menos, dos años después que el Gobierno el PP". Y le recordó a Pujalte que "el sigilo y el secreto" de las investigaciones de la inspección tributaria es norma fundamental para ese organismo y sus funcionarios, por lo que pudo decirle que "en su época y en la nuestra" esa obligación impedía dar a conocer nada de lo que se está investigando. A juicio de la ministra, tanto el Gobierno del PP como el actual han actuado con estricta sujeción a la ley.

Competencia autonómica

Salgado también le reprochó a Pujalte que la petición de convocatoria para que acudiese al Congreso la hicieran para que informase "sobre la supervisión efectuada a Afinsa y Fórum Filatélico en defensa de los intereses de los clientes". Salgado explicó que erraban el tiro y que debieron solicitar la comparecencia del responsable de Consumo en el Gobierno autónomo de Madrid, ya que ambas empresas tienen su sede en esa comunidad y el artículo 27 del Estatuto de Autonomía recoge la plena competencia sobre el consumo.

Isabel Pozuelo (PSOE) tachó de frívola la intervención de Martínez Pujalte y sostuvo que para poder ofrecer algún tipo de ayuda es necesario esperar a que se conozcan "las situaciones, diferentes" de los afectados, por lo que no es posible "establecer un sistema general igualitario" en este momento.